Biobío lidera con niveles alarmantes de violencia: Agresiones físicas contra defensoras ambientales se triplicaron en 2024
La ONG Escazú Ahora publicó hoy su informe anual sobre la situación de las personas defensoras del medioambiente en Chile durante el 2024, revelando un preocupante aumento de la violencia física y de los mecanismos de hostigamiento judicial contra quienes protegen la naturaleza.
El informe, titulado La situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024, documenta un incremento del 34% en los casos de agresión en comparación con el año anterior, con un total de 47 ataques registrados. De estos, el 48,9% corresponde a violencia física, más del triple de lo documentado en 2023. Además, las amenazas judiciales han crecido en diversidad y frecuencia, con el sector energético y el de saneamiento ambiental como los principales involucrados en estas prácticas intimidatorias.
Vulnerabilidad de las mujeres defensoras ambientales
Uno de los hallazgos más alarmantes es la creciente exposición de las mujeres defensoras del medioambiente. Aunque la cantidad de hombres y mujeres agredidos es similar, el informe revela que el 70,2% de los casos involucran a mujeres, muchas de las cuales han sido víctimas de agresiones reiteradas en el mismo año. La abogada ambientalista mapuche Orietta Llauca es un ejemplo de ello: tras recibir amenazas en 2023, en noviembre de 2024 su oficina fue incendiada en un ataque que sigue impune.
El sector forestal y el Biobío, en el epicentro de la violencia
El informe identifica al sector forestal como el principal foco de agresiones contra defensores ambientales, concentrando el 38,3% de los casos documentados. Asimismo, las regiones del Biobío, Los Lagos y Los Ríos son las más peligrosas para quienes ejercen la defensa del territorio, con un 69,5% de los casos de agresión física registrados en estos lugares.
En el caso del Biobío, la violencia alcanzó niveles alarmantes. La región no solo lidera en número de personas agredidas, sino que también presenta la mayor brutalidad en los ataques. Entre las víctimas se encuentra Julia del Carmen Chuñil Catricura, desaparecida desde noviembre de 2024, en un caso que aún no ha sido esclarecido.
Falta de acceso a la justicia y alta impunidad
El informe también denuncia que el acceso a la justicia sigue siendo una barrera para las personas defensoras. De los 47 casos de agresión documentados, en el 38,2% las víctimas no presentaron denuncias, muchas veces por temor a represalias o desconfianza en el sistema. De los casos que sí fueron judicializados, el 53,1% sigue en trámite y solo el 2,1% obtuvo una resolución favorable. En varios testimonios, las víctimas denunciaron falta de apoyo de Carabineros y el Ministerio Público, con casos en que las autoridades se negaron a recibir denuncias sin pruebas físicas visibles de agresión.
Llamado a la acción para proteger a las defensoras ambientales
Ante este panorama, Escazú Ahora insta al Estado a tomar medidas urgentes para frenar la escalada de violencia. Entre sus principales recomendaciones, el informe propone fortalecer el reconocimiento legal de los defensores ambientales, implementar medidas de protección efectivas, sancionar a los responsables de agresiones y garantizar el acceso a la justicia. Además, sugiere incluir la implementación del Acuerdo de Escazú en el Plan Nacional de Derechos Humanos, asegurando políticas concretas para la protección de quienes defienden el medioambiente.
La situación documentada en 2024 deja en evidencia la deuda del Estado chileno en la protección de los defensores ambientales. Sin acciones inmediatas y contundentes, la violencia podría seguir escalando, poniendo en riesgo no solo a los activistas, sino también el derecho de toda la sociedad a un medioambiente sano y sostenible.
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