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A 15 años del terremoto del 27/F, aún existen deudas pendientes para saldar lo que pasó aquella madrugada, por ejemplo con los propietarios del edificio Alto Río.

Y es que en el lugar donde se encontraba emplazado ese edificio y que ahora es un terreno baldío, se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para los propietarios, ya que aún no pueden acceder a las indemnizaciones establecidas en el juicio.

El terreno mantiene una deuda por $595 millones por concepto de contribuciones, ya que “se está aplicando una sobretasa como si fuese un sitio eriazo, ya que la autoridad estima que mis representados son un inversionista especulativo, que no lo son, o que quieren tener el sitio en esa condición. Ambas variables son falsas, no son reales”, explicó el abogado Enrique Hernández.

El jurista complementó con que “a esto, se suma, el cobro de contribuciones por concepto de bodegas y estacionamientos que se encuentran en desuso hace 15 años, por lo que nos encontramos frente a una clara irregularidad, puesto que nos están cobrando contribuciones como sitio eriazo, por algo que tenía un destino habitacional, ya que se iba a construir una segunda torre, que por lógicas razones no se construyó, y además cobran por algo que es inaccesible”.

Mientras que Katthy Hernández, que actúa como vocera de los afectados del Alto Río, sostuvo que “se trata de una deuda de arrastre y acá hablamos de leyes que no existían, y mientras no paguemos esa deuda no podemos vender el terreno. Acá hay gente que vive en condiciones paupérrimas, muchos jubilados que viven de forma indigna y esperamos que el Estado nos escuche porque hay personas que ni siquiera tienen acceso a beneficios del Estado”.

Autoridades con actitud dispar ante petición de propietarios del Alto Río

Esto último se debe a que al aparecer con un rol de propiedad, alcanzan un puntaje alto en el Registro Social de Hogares, a pesar que esa vivienda no existe.

En el Gobierno Regional del Biobío se mostraron abiertos a apoyar a los propietarios del Alto Río para destrabar esta situación. “Me sorprende que el Estado este cobrando un impuesto sobre una propiedad que no se puede usar, que no existe desde el terremoto. Yo esperaría trabajar con los parlamentarios y así generar las exenciones tributarias, y perdonazos para esas personas, no es adecuado que el Estado lucre con el dolor de las personas”, dijo el gobernador Sergio Giacaman.

Desde el Gobierno, declinaron referirse a la situación que viven los ex propietarios del edificio Alto Río, ya que desconocen las implicancias que podría generar una determinación de estas características.

Otro problema que hubo tienen los habitantes de Alto Río, es que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Concepción aún considera ese terreno como habitacional. El alcalde Héctor Muñoz expresó que “buscaremos una reunión con el equipo jurídico para destrabar esta situación, queremos apurar los procesos y así apoyar a los vecinos”.

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