Los testigos en el juicio del ex jefe de gabinete de la Delegación Presidencial del Biobío
Para el próximo lunes 17 de febrero, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción agendó el juicio oral contra el abogado y ex jefe de gabinete de la Delegación Presidencial del Biobío, Julio Muñoz, por lo que serán citados como testigos una veintena de funcionarios de la entidad.
Muñoz, otrora militante de Revolución Democrática, se desempeñó el año a contar de octubre de 2022 en la entidad como jefe de gabinete de la entonces delegada presidencial, Daniela Dresdner. Estando en esa función. Muñoz, presentó un informe correspondiente al desempeño del mes de diciembre de 2022, dando cuenta de actividades supuestamente realizadas en ese periodo a objeto de poder recibir su remuneración”.
Sin embargo, según se lee en la acusación presentada por la fiscal María José Aguayo, “el imputado faltó a la verdad en la narración de los hechos consignados en el informe, por cuanto dio cuenta de actividades y labores que nunca fueron ejecutadas, induciendo a error a la Delegada Presidencial, quien procedió a suscribir el informe, generándose posteriormente el pago de honorarios por un monto bruto de $3.262.500”.
Un mes después, a fines de enero de 2023, Muñoz repitió el mismo modus operandi, aunque agregó otro acto. “usó, sin la debida autorización, el timbre tipo facsímil que contiene la firma de la Delegada Presidencial, para suscribir el informe a nombre de ella, y luego procedió a remitirlo al Departamento de Remuneraciones, con el objeto de obtener el pago de la suma total de $3.262.500”.
“Al descubrir funcionarios de la Delegación la presentación de un informe que contenía labores que no se habían ejecutado y en el cual el imputado usó la firma facsímil de la Delegada sin autorización, suponiendo la suscripción del documento por parte de la misma, suspendieron el pago”, detalla la acusación.
En esta causa, existe una acusación por parte la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales en concurso con falsificación de instrumento público. En caso del Ministerio Público se pide una pena privativa de libertad de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y el pago de una multa de 15 UTM. Mientras que el CDE pide una pena única de cinco años y un día presidio.
Funcionarios de la Delegación Presidencial son testigos en la causa
En la acusación, tanto la Fiscalía, CDE y la defensa presentaron una serie de evidencias que pretenden llevar ante estrado, entre ellas, una veintena de testigos .
Desde el Ministerio Público se encuentran varios funcionarios de gobierno como la jefa de Administración y Finanzas de la DPR, Andrea Lagunas, la asesora de gabinete de la DPR y quien denunció ante el TS de RD la situación, Claudia Sagredo; la asesora de la unidad jurídica, Natalia Garay.
A ellos se suman como testigos, el ex jefe de gabinete de la Delegación Presidencial del Biobío y militante de RD, Vicente Guzmán; la ex delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner; el ex director de la CAJ Biobío, Julio Díaz de Arcaya y la ex delegada presidencial provincial de Biobío, Paulina Purrán.
También fueron citados a declarar, esta vez por la defensa, el jefe de División de administración y finanzas del ministerio del Interior y Seguridad Pública, José Rivas; el actual jefe de gabinete de la Delegación Presidencial de Biobío, Aníbal Toro y el delegado presidencial, Eduardo Pacheco.
Al conocerse esto, el delegado presidencial (s), Humberto Toro comentó que “como Gobierno siempre hemos estado disponibles a entregar toda la información ante cualquier investigación sobre temas de uso de recursos públicos, como una forma de evidenciar total transparencia para que estos procesos avancen y se establezcan sanciones ante faltas o eventuales delitos contra la fe pública”.
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