Contraloría inicia juicio de cuentas contra administración del ex gobernador Rodrigo Díaz
La Contraloría determinó iniciar un juicio de cuentas en contra de funcionarios y ex integrantes del Gobierno Regional del Biobío que pertenecieron a los equipos evaluadores de los programas involucrados en el Caso Convenios, durante la administración de Rodrigo Díaz.
De acuerdo a la petición ingresada, se trata de gastos que se encuentran insuficientemente acreditados que ascienden a $423.304.155, y este juicio de cuentas apunta a 17 personas, entre actuales personeros de la entidad y al equipo que trabajo con Rodrigo Díaz.
Según se desprende del documento, al propio Rodrigo Díaz se le atribuye no haber actuado con la debida diligencia “por cuanto no supervisó ni la ejecución de los programas, ni los procesos de rendiciones de cuentas, lo que fueron llevados a cabo incumpliendo lo estipulado en sus propias causas”.
Mientras que al ex jefe de División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña, “actuó de modo negligente al no revisar que las rendiciones de cuentas, aprobadas por sus dependientes, cumplieran con las exigencias de los antecedentes de los respaldos necesarios para su aprobación. Actuación que provocó un detrimento al patrimonio del Gore al existir gastos insuficientemente acreditados”.
Tanto a Díaz como a Acuña se le cuestiona la no fiscalización en al menos siete programas; entre ellos se encuentran el de la Fundación Bonhomía, Horizonte Ciudadano, Procultura, Fundef, ONG Cultivarte, entre otros.
A su vez, Iván Valenzuela, en su calidad de ex jefe de la División de Fomento e Industrias, en función del programa vinculado a la Fundación Procultura (RecPRO), “debía velar por la eficacia y eficiencia en el adecuado manejo de los fondos con los que contaba el Gore”.
En más, los restantes son funcionarios que actuaron como contraparte técnica o financiera, debían fiscalizar, hacer control y seguimiento con el objeto de “velar por el correcto avance de la ejecución de las actividades del programa”. Eso sí “es posible observar la falta de acuciosidad por parte de las Contrapartes Técnicas en la revisión de las rendiciones presentadas por las instituciones receptoras de fondos públicos”.
Mientras que las “Contrapartes Financieras aprobaron las rendiciones sin contar con los respaldos, y no efectuaron una verificación exhaustiva en la revisión financiera de la rendición de cuentas de las instituciones receptoras de fondos públicos”.
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