Justicia instruyó a escuela especial del Biobío reservar matrícula de estudiante TEA a quien se le aplicó Aula Segura
La justicia dispuso la orden de no innovar e instruyó a escuela especial del Biobío reservar matrícula de estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Lo anterior luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción declarara admisible el recurso de protección que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de un estudiante de 10 años con TEA, a quien la escuela especial aplicó la ley Aula Segura cancelándole matrícula para 2025.
El recurso en cuestión fue interpuesto a fines de diciembre, luego de la decisión que tomó la escuela especial Chile España del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Sur. En ello, se pide declarar ilegal la actuación del establecimiento.
¿Por qué? Por infringir el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a la igualdad ante la ley, pidiendo que se deje sin efecto la cancelación de matrícula y permitir al estudiante seguir estudiando.
En la resolución que evidencia la admisibilidad del recurso, la Corte de Apelaciones le pide informes a la Superintendencia de Educación Regional y a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, "debiendo evacuarlo dentro del plazo de diez días, adjuntando todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso, los que deber remitir, en lo posible, en forma digitalizada".
Instruyen a escuela especial del Biobío reservar matrícula de estudiante TEA
Cabe precisar que el hecho en cuestión ocurrió en noviembre del 2024, cuando el estudiante sufrió una descompensación, derivando en la atención de los profesores del colegio. No obstante, no habrían respetado el protocolo para estos casos, ya que tuvieron contacto físico con el alumno, acentuando la agitación y lo que habría terminado en la agresión a los docentes.
Tras ello, la escuela solicitó la presencia de Carabineros, quienes señalaron que no correspondía detener al estudiante, ya que tenía menos de 14 años. Lo anterior incluso derivó en que se abriera un proceso de vulneración de derechos, que no prosperó.
En paralelo a ello, el recinto educacional dio inicio a un proceso administrativo, ocupando la ley 21.128 Aula Segura. Esto culminó en que se impusiera de modo provisorio la suspensión del alumno.
No obstante, no quedó ahí, ya que el 11 de diciembre se informó de la cancelación de la matrícula para el año 2025. El recinto aludió como causas las agresiones a profesores, quienes no habrían respetado el protocolo que disponía no tocar al estudiante. Además del riesgo para otros alumnos, pese a que el hecho ocurrió en una sala sin otros niños o niñas.
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