Los argumentos de los intervinientes en caso Puerto Coronel para apelar a las medidas cautelares

Seis recursos de apelación a las medidas cautelares dictaminadas por el Juzgado de Garantía se presentaron en el Caso Puerto Coronel.

Se trata de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, Puerto Coronel, SII y las defensas de Eduardo Hartwig y Víctor Olivares, quienes buscan modificar las medidas cautelares decretadas en esta causa.

En los recursos presentados por el Puerto Coronel, se argumenta en que la necesidad de cautela para Javier Anwandter y Hernán Romero se justifica en que “las demás medidas cautelares personales son insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad de la sociedad y el peligro de fuga”, siendo que ambos quedaron sin cautelares.

“En el caso de Anwandter y Romero se configuran cinco de seis de los factores que establece la ley; la única que no concurre es aquella que consiste en la existencia de procesos pendientes. Estamos en presencia por cierto de un plan sofisticado, fraguado por personas dotadas de conocimientos especiales, lo que les permitió perpetuar el esquema en el tiempo y hacerlo indetectable para quienes no participaban en el mismo, burlando los controles de CPC (Compañía Puerto Coronel) e incluyendo retribuciones a favor de los proveedores involucrados, retribución que en el caso de Romero llegó nada más y nada menos que al 67% de la liquidez ilícita”, sostuvieron.

En tanto, el SII apuntó a “la supuesta participación de Eduardo Hartwig en la provisión de dichas facturas falsas a Puerto Coronel S.A. pone de relieve la naturaleza premeditada y organizada de la operación, destinada a engañar sistemáticamente al Servicio de Impuestos Internos. El carácter sofisticado de esta maniobra, sumado al alto impacto económico que se deriva de defraudar al erario público”.

Rebaja de medidas cautelares en caso Puerto Coronel

Mientras que las defensas de los imputados Víctor Olivares y Eduardo Hartwig buscan rebajar la medida cautelar que se decretó.

En el caso de Olivares, el abogado Jorge Montecinos, pidió que sea una firma mensual, ya que “la medida cautelar de privación de libertad parcial en su domicilio, impuesta por la resolución dictada en audiencia, resulta más gravosa que la pena que arriesga, conforme a los antecedentes allegados a la investigación, puesto que, según lo corriente en estos casos, ni siquiera llegará a juicio oral”.

A su vez, la defensa de Eduardo Hartwig, a cargo del abogado Alejandro Espinoza, consideró que “el arresto domiciliario total es una medida innecesaria y desproporcionada para cautelar estos fines, en razón de la intensa cooperación y voluntaria adscripción de nuestro representado con la investigación y el procedimiento. Entregando su celular, computador, claves de correo electrónico, renunciando a su derecho a guardar silencio”.

Espinoza complementó con que “estamos frente a una persona mayor que ha cooperado con la investigación, que pudiendo fugarse no lo ha hecho y respecto de quien no existen antecedentes que presuman que pretenda evadir a la justicia. Su condición personal de salud también abona a desestimar el peligro para la sociedad y de fuga, pues no puede sostenerse razonablemente, que una persona en estas condiciones vaya a cometer delitos como los formalizados”.

Defensas de Boris Chamorro y Eduardo Araya

Waldo Ortega, abogado del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por quien se pide cambiar el arresto domiciliario nocturno por la prisión preventiva, dijo que "una semana de antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el CDE y los querellantes no se puede replicar en la Corte de Apelaciones y la resolución está suficientemente fundada para efectos de que sea mantenida. Nosotros creemos que no debiera existir una mutación importante en esa resolución".

En tanto, Andrés Cruz, defensor del ex concejal Eduardo Araya (PS), reclamó que "se está requiriendo una medida cautelar desproporcionada, tomando en consideración que ni siquiera se han dado por configuradas las hipótesis que permiten dar por establecida la existencia del delito y la participación de mi representado en los hechos".

"Es un hombre que tiene más de 65 años, por lo tanto no vemos cuál es la necesidad de decretar la prisión preventiva, no solamente respecto de él, sino que también de otras personas. Da la impresión que aquí lo que se está haciendo es obtener un aplauso de la galería o las redes sociales. Utilizar esta medida cautelar como un pena anticipada o bien como una forma de forzar futuros acuerdos, más bien, se está desvirtuando la forma de litigar, en el fondo es tirar una red y ver quien cae", cerró

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