La Fiscalía continuó con sus argumentos durante la tercera jornada de formalización contra los siete imputados del Caso Puerto Coronel.
Durante el miércoles, la fiscal Glenda Lagos expuso sus argumentos para justificar la solicitud de prisión preventiva contra parte de la ex plana mayor de la terminal de carga; Eduardo Hartwig, Javier Anwandter y Daniel Chamorro, además del empresario local Víctor Olivares. Misma medida cautelar fue pedida para el alcalde Boris Chamorro y el ex concejal Eduardo Araya. Mientras que a Hernán Romero se le pidió arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Eso si, en medio de la formulación de cargos, la persecutora explicó que en el caso del alcalde Chamorro y otros imputados, cuando se cometieron los actos de cohecho y soborno, comenzó a regir la ley 21.595 de Delitos Económicos.
La normativa, según la Biblioteca del Congreso Nacional, “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, regula las penas y consecuencias adicionales aplicables a las personas responsables de estos delitos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar y complementar su normativa en el ámbito del derecho penal económico”.
“Eleva la cantidad de tipos penales en delitos económicos a más de 200, establece cuatro categorías en este tipo de delitos, y las penalidades son claramente aumentadas”, explicó el abogado Remberto Valdés.
Teniendo esta descripción, el escenario para el alcalde Boris Chamorro se complejiza, ya que arriesga penal de cárcel. Según el jurista Remberto Valdés, en este caso “pueden ser sujetos a condenas de presidio efectivo, ya que uno de los baluarte de la nueva ley es sancionar a los delitos de “cuello y corbata” con presidio efectivo, ya que así no se seguirían otorgando penas irrisorias como las clases de éticas”.
Mientras que Nicolás García abogado socio del área de Compliance de Garcia Parot, explicó que “el alcalde arriesga penas privativas de libertad y la inhabilitación para cargos públicos, esta ley busca terminar con la sensación de impunidad en los delitos económicos”.
Tanto García como Valdés creen que tanto las empresas como los políticos deben tomarse en serio la nueva ley, ya que las sanciones son mucho más altas.
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