Tensión con la pesca marca el avance del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío
La Ley de Fraccionamiento de la Pesca se está transformando en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno, y eso quedó reflejado en la visita que realizó el ministro de Economía, Nicolás Grau, a Concepción.
Y si bien existen intentos de La Moneda por apaciguar los ánimos con los trabajadores de la industria pesquera, incluso reuniéndose con algunos de ellos, estos intentos parece que terminan siendo en vano y sin lograr resultados concretos.
Fue en medio del punto de prensa que realizó Grau, a modo de evaluación de la sesión del Comité Ejecutivo del Plan de Fortalecimiento Económico, que fue interrumpido por Juana Silva, presidenta de la Federación de Plantas de Procesamiento, quien le espetó al titular que “sigue mintiendo, ya que esta ley contradice absolutamente el Plan de Fortalecimiento Económico del Biobío, además, el producto que nosotros trabajamos será repartido entre muchas partes”.
“Nos están cerrando el empleo, luego que el Gobierno puso una tramitación de suma urgencia, y aquí no nos quieren escuchar, la Ley Longueria nos aseguraba el trabajo hasta 2032. Vienen a fortalecer el empleo y este gobierno nos viene a cerrar el empleo digno que tenemos en el Biobío”, acusó Silva.
Tensión en la pesca industrial de la Región del Biobío
Ante este emplazamiento, Grau solo dio calmantes que no dejaron conformes a los trabajadores, ya que “hemos planteado que debe existir un equilibrio en el desarrollo de la pesca industrial y artesanal, especialmente cuidadoso en los empleos que se vincula en la elaboración de productos para el consumo humano”.
Según Grau, la visión del Gobierno es que “el proyecto que se aprobó es distinto a lo que ingresó el Gobierno, por lo que esos cambios se deben corregir y creemos que en el caso de la merluza se pueden corregir. Creemos que un acuerdo de esa naturaleza puede ser viable políticamente y estamos disponible para esa conversación”.
Estas declaraciones tampoco dejaron conformes a la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, quien sostuvo que “hay una contradicción respecto a la pesca industrial, ya que tenemos un plan que pretende fortalecer a la industria del Jurel, y por otro lado, el Gobierno pone suma urgencia a la Ley de Fraccionamiento, echando por la borda el ánimo de diálogo”.
Cepeda es clara que de mantenerse la norma tal como se encuentra en tramitación podría dejar a “1.800 personas sin su fuente de trabajo, lo que se transformaría en un Huachipato 2.0”.
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