Con reproches del juez Iohán León a los intervinientes y a la prensa, o imputados tomándose selfies a la salida del tribunal y quejas de los defensores por las condiciones en que se estaba realizando la audiencia, fueron parte de las postales de la frustrada formalización de cargos contra 11 imputados en el Caso Bonhomía.

En la instancia, la Fiscalía pretendía formular cargos por Fraude al Fisco, entre otros ilícitos a funcionarios públicos, vinculados al Gobierno Regional del Biobío, a la administración de la Fundación Bonhomía y a las personas que estaban a cargo de la ejecución del programa “Biobío vive sano” que contó con un financiamiento de $356 millones por parte del Gore.

Eso sí, lo anterior se vio frustrado tras peticiones de la defensa de algunos imputados, quienes pidieron reagendar esta audiencia por diferentes motivos. En el caso de Osvaldo Reinoso y Carlos Anabalón, que son representados por los abogados Gonzalo Elgueta y Enrique Hernández, quienes argumentaron que recién asumieron la causa el pasado lunes, por lo que no habían podido interiorizarse de todos los antecedentes de la carpeta investigativa.

En tanto, la defensa de los funcionarios del Gore Biobío; Rodolfo Adriazola y José Fuentes, a cargo de Sandra Betancourt, cuya argumentación fue por dos carriles; la primera apuntó a que la defensora titular, Leslie Concha, se encontraba con licencia médica. A lo que sumó una posible incompatibilidad entre las defensas.

A raíz de este último punto, el juez Iohán León fue claro en que “la Defensoría debe tomar las medidas para subsanar la situación de posible incompatibilidad, si esto se repite en la próxima audiencia, este juez no será tan laxo como lo fue en esta oportunidad”.

Sin responsabilidad

Tras la audiencia, tanto las defensas como los imputados reiteraron en que no existe delito y que el programa tiene su ejecución validada tanto por el Gobierno Regional, como por Contraloría

Uno de ellos es el ex funcionario del Gore, Marco Loyola, quien en este programa actuó como contraparte técnica, indicó que “yo no tengo nexos con nadie, no los conocía, ellos fueron presentados durante mi labor, ya que tome este programa a una semana de entrar a trabajar al Gore. Yo no tenía labores de jefatura, por lo que no tomaba decisiones, si se presentaba alguien con una fundación, mis labores como contraparte técnica eran más bien limitadas”.

En tanto, el abogado Gonzalo Elgueta que defiende a Osvaldo Reinoso y Carlos Anabalón, representantes de la Fundación Bonhomía, aseveró que “a juicio nuestro, no existen los antecedentes para acreditar posibles irregularidades, es más, hay antecedentes de la completa ejecución del programa respectivo, hay un pronunciamiento de la Contraloría sobre el cumplimiento íntegro de este programa”.

A su vez, el defensor de Sebastián Mizón, Benjamín Hidalgo y Ana Hidalgo, el jurista Humberto Alarcón, enfatizó en que “nuestros representados ejecutaron un proyecto asociativamente, que lo ejecutaron debidamente, rindieron cuenta de forma correcta, las que fueron aprobadas. Incluso, el Estado les dice la forma en cómo deben hacerlo, con una fundación, pero después te dice una cosa, al otro día, te dice otra cosa,  y más encima incriminarte por esto”.

“Estamos frente a un convenio que se ejecutó en la Región, que entregó un vale vista  que incluso la Contraloría consideró como bien ejecutado”, cerró.

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