Llueven acusaciones constitucionales: el juicio político ya se hizo
Se acabaron las fiestas patrias y es hora de que volvamos a los temas que quedaron pendientes antes del receso dieciochero. Nos referimos a las esquirlas del caso audios o Hermosilla.
Durante esta jornada se presentan las primeras acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Suprema. Jean Pierre Matus, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, no descartándose una cuarta contra el ministro Mario Carroza.
Como en pocas ocasiones los partidos políticos se pusieron de acuerdo, se organizaron y dividieron el trabajo que representa la elaboración de las acusaciones.
Renovación Nacional anunció este domingo que ellos ingresarán una contra la ministra Vivanco, lo mismo dijo el PS; su relación con el abogado Hermosilla y el notable abandono de deberes podrían ser el centro de la acusación. Desde la DC se elaboró el documento en contra del ministro Jean Pierre Matus y se centraría en tres elementos: la falta a la verdad (recordemos que el ministro negó ante la prensa la existencia de chats entre él y Hermosilla), no haber incluido al imputado y al ex-ministro Chadwick en sus inhabilidades y tercero la pérdida de imparcialidad tras la famosa frase "ni perdón ni olvido". Desde la UDI anunciaron la presentación de una acusación en contra del ministro Sergio Muñoz por la causal "notable abandono de deberes" supuestamente cometido en el contexto del caso de su hija, Graciel Muñoz, quien se habría beneficiado de su padre tras recibir información privilegiada.
La última acusación presentada en la Cámara de Diputados fue en diciembre del 2023 en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes. En total durante la administración de Boric se han presentado 5 acusaciones constitucionales, todas en contra de ministros de estado.
Como sabemos bien, la ley explicita que una acusación constitucional es una "atribución exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, ellos deciden si procede o no la acusación que deben presentar no menos de diez ni más de veinte, parlamentarios, en contra de las siguientes autoridades: Presidente de la República, ministros de Estado, magistrados de los tribunales superiores de justicia, Contralor General de la República, generales, almirantes, intendentes y gobernadores. Para ello se sortea una comisión que se encarga de analizar la procedencia de la acusación y que presenta su informe a la Sala. Si la Sala declara que la acusación procede, entonces el procedimiento se traslada al Senado, que actúa como jurado".
En todos los casos descritos pareciera haber suficientes antecedentes al menos para la presentación de las acusaciones. La pregunta que hay que hacerse en estos casos es si los supremos vulneraron o no la Constitución Política, este es el lado jurídico del tema, pero claramente las acusaciones constitucionales tienen mucho de juicio político y pareciera que en este último caso ya hay decisiones tomadas.
Recordemos que la declaración de culpabilidad debe ser pronunciada por la mayoría de los senadores en ejercicio, o por los dos tercios para el caso de una acusación contra el presidente de la República.
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