Fiscalía pide casi 10 años de cárcel para hombre que instaló bombas de ruido en malls del Gran Concepción
La Fiscalía de Concepción presentó acusación contra el hombre que el 10 de noviembre del año pasado, instaló bombas de ruido en distintos malls del Gran Concepción.
De acuerdo al documento, son cuatro hechos por los que el Ministerio Público acusó a Celso Jiménez; el primero es la colocación de “tres botellas plásticas de 500 cc cada una, las que en su interior contenían ácido clorhídrico (comercialmente conocido como ácido muriático) con un conjunto indeterminado de papeles de aluminio enrollados en forma de pelotas, esto activó el ácido clorhídrico y se detonaron tres explosiones en el Patio de Comidas del Mall Plaza Mirador Biobío”.
El segundo hecho apunta a un actuar similar, que se da en el Mall del Centro, de Concepción, generando el mismo efecto descrito en lo acaecido en el Mall Mirador.
El tercer hecho se refiere a lo sucedido en el patio de comidas del Mall Plaza del Trébol, donde “dos botellas plásticas de 500 cc cada una, las que en su interior contenían ácido clorhídrico con un conjunto indeterminado de papeles de aluminio enrollados en forma de pelotas, esto activó dicho ácido y se detonaron dos explosiones”.
“En todos los sitios del suceso señalados el imputado dejó panfletos alusivos al conflicto Palestina”, puntualiza la presentación.
El cuarto hecho, en tanto, hace alusión a que Jiménez “fue sorprendido por personal de la PDI, portando en la vía pública un arma corto punzante del tipo corvo, sin que justificara razonablemente su porte en la vía pública y encontrándose una serie de elementos relacionados con los artefactos detonados”.
En base a lo anterior, por los primeros tres hechos, son constitutivos del delito de colocación, activación y explosión en edificios de libre acceso al público, de artefactos explosivos o corrosivos, en calidad de consumado, por lo que se pide una pena de 3 años y un día por cada hecho.
Mientras que por cuarto hecho, relacionado al porte de arma cortante o punzante en espacio o vía pública, se pide una pena de 300 días.
Para lograr la pena, la Fiscalía presentará más de 60 pruebas entre testigos, peritos y documentos.
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