Cuestionan diversos vínculos de fiscales que investigan el Caso Convenios en el Biobío
Dudas surgieron de la imparcialidad que podría tener el Ministerio Público en el Biobío en las causas por Caso Convenios.
Y es que dos reportajes de Interferencia han revelado vínculos entre integrantes de la Fiscalía, o su círculo cercano, que mantienen relaciones de amistad o han prestado servicios profesionales a empresas u organismos que se encuentran en el foco de las indagatorias.
De acuerdo a la última entrega del medio, el esposo de la persecutora regional, el jurista y académico Álvaro Sepúlveda, realizó una asesoría verbal a IRADE en diciembre de 2023, la que habría sido en calidad de experto en Derecho Administrativo.
Ante esto, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, indicó a SABES que “no sabía de la situación, me entero porque me lo pregunta un medio de comunicación. Por supuesto, que acto seguido llamo a mi marido y le pregunto, y me dice que es por temas administrativos y que fue en diciembre de 2023”.
Este medio adelanta que tuvo una entrevista con la fiscal regional del Biobío sobre este y otros temas que será reproducida íntegramente en una próxima entrega.
Otra situación, que tambien reveló ese medio, se relaciona con la amistad que existe entre la fiscal que se encuentra a cargo del Caso Convenios en la zona, María José Aguayo y la familia Esquerré. Incluso, la persecutora figura en una publicación de Instagram de un restaurant que pertenece a la familia.
SABES se puso en contacto con IRADE para obtener una versión sin embargo no hubo respuesta
"Dar un paso al costado"
Estos episodios generan suspicacias entre quienes han estado atentos al devenir del Caso Convenios.
El gobernador Rodrigo Díaz aseveró que “desconozco estos antecedentes y por prudencia, prefiero dejar que las instituciones funcionen”.
Desde el parlamento en tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, estimó que este tipo de situaciones “pone de manifiesto que las actividades que realizan los abogados del CDE realizan de forma privada, incluso llevando juicios. El énfasis de la Fiscalía parece defender el actuar de un abogado privado, más que la independencia de la institución”.
“Acá se está investigando aún a los mandos medios y no a las cabezas, quienes crearon este megafraude en el Biobío y estos antecedentes aumentan las suspicacias en un caso que parece mantener muchos más zonas oscuras que claras”, cerró.
El core Piero Blas cree que este tipo de situaciones “hace necesario transparentar los vínculos y conflictos de interés de quienes están llevando a cabo la investigación del caso Convenios en el Biobío, para garantizar la verdadera independencia de los Tribunales, Fiscalía y del sistema judicial en general para descartar cualquier tipo de parcialidad durante la investigación y evitar que las causas judiciales terminen siendo utilizadas con fines políticos”.
Su par, Gabriel Torres, apuntó a que “en los 21 casos convenios originales existe conflicto de interés, eso ha estado en todos los proyectos y devela faltas a la probidad, ya que estos fueron entregados prácticamente a dedo. Nosotros en su momento dudamos de la situación del Consejo de Defensa del Estado, ya que ellos deben recuperar los dineros mal habidos. Parece que Concepción es muy pequeño, porque todos tienen relación con este caso y creo que quienes tengan algún vínculo deben dar un paso al costado”.
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