Prisión preventiva para los tres detenidos por mortal emboscada a Carabineros en Cañete
La justicia decretó prisión preventiva para los tres detenidos por la emboscada que sufrieron los 3 carabineros en Antiquina, el pasado 27 de abril.
Fue el magistrado Cristian Rosenberg, del Juzgado de Garantía de Cañete, que estimó que “la pluralidad de los participantes, la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas, gravedad de los hechos y la forma de comisión de los ilícitos. Para este tribunal, los imputados son un peligro para la sociedad, además existe un peligro de fuga".
A lo que agregó que “este tribunal no puede descartar las hipótesis alternativas, a este tribunal le cabe confirmar la existencia de una hipótesis referida a la participación de los encartados en los hechos. La situación de apagar los celulares es un hecho para impedir que lo fijen en un lugar”.
La resolución llegó en la segunda jornada de audiencia, que se inició pasadas las 14:30 horas con la alocución del abogado querellante por el Ministerio del Interior, Ignacio Sapiaín, quien respaldó la solicitud de prisión preventiva que realizó la Fiscalía el día de ayer, y ahondó en que los detenidos tenían un actuar planificado para atentar contra los funcionarios policiales.
Mismo parecer tiene el jurista Arnaldo Gutiérrez, puesto que “los imputados no pueden desconocer producto del plan criminal que elaboraron desde el mes de febrero de 2024, y por ende, estas acciones son premeditadas y eso implica que planificaron, coordinaron y ejecutaron en grupo a nuestros carabineros con un ánimo sereno, frío, durante un periodo de tiempo considerable”.
El representante de una de las familias de las víctimas consideró que “tuvieron tiempo para planificar esto, y eso implicó un acabado estudio del lugar y ahora para definir al sitio un momento más propicio para favorecer la sorpresa, la imposibilidad de defensa y la impunidad posterior”.
Fiabilidad de la prueba
Mientras que la defensa de los imputados, a cargo del defensor público Jaime Pacheco, las pruebas exhibidas por el Ministerio Público no tienen la fiabilidad requerido, por lo que no reúnen el estándar necesario para este tipo de causas.
“Las pruebas no logran el estándar de prueba necesario. En un primer momento el testigo reservado entrega una información, pero 3 días después, nos informa lo que no nos había dicho antes el testigo reservado número dos, que su sobrino, Tomás y Felipe, en el mes de febrero, ya le habían insinuado que querían hacer algo contra Carabineros. Más relevante aún, que cuatro semanas antes, Tomás lo invita a participar en un supuesto atentado y ante su negativa, éste lo habría amenazado, Tomás, con un arma de fuego que él identifica como una escopeta Baikal”, expresó Pacheco.
El jurista prosiguió en su teoría, ya que “a partir de ahí, empiezan a surgir una serie de testigos reservados, hasta el número nueve, que lo único que tienen en común es que reciben información de personas cuyos antecedentes no se atreven a dar por temor, los que a su vez habían escuchado de otras personas, que tampoco sabemos quiénes son o no las identificamos, y que dicen, rumor, que los Antihuen algo tenían que ver”.
Esto fue replicado por el fiscal Felipe González, quien argumentó que se ha desarrollado “sin base a rumores, ya que si fuese por eso, hubiésemos solicitado la orden de detención el mismo 30 de abril. Se hizo un trabajo pormenorizado, profundo, serio y responsable, porque sabíamos que no existen pruebas directas por la forma en que ocurrieron los hechos. Acá se trabaja en base a análisis de pruebas indiciarias”.
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