Decretan arraigo nacional y arresto domiciliario a exfuncionarios del Gore Biobío por "Mi Hogar Asuncionista"
Con las cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional quedaron los exfuncionarios del Gobierno Regional (Gore) del Biobío, Tamara Vidal y Simón Acuña, que fueron formalizados en el marco de la arista de "Mi Hogar Asuncionista" del Caso Convenios en el Juzgado de Garantía de Concepción.
En el caso de Vidal, se le imputó fraude al fisco y negociación incompatible, mientras que a Acuña, el delito de fraude al fisco. Ambos en calidad de autor y en grado de consumado. La audiencia tuvo una duración de dos días, culminando este miércoles 3 de julio.
Hay que recordar que durante la audiencia que se desarrolló este martes, la fiscal regional Marcela Cartagena señaló que la Fundación "Mi Hogar Asuncionista" presentó una postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional del Bío Bío el 11 de abril de 2022.
El programa se llamaba "Transferencia en establecimiento educacional, yo aquí me participo", que estaba dirigido a estudiantes de séptimo básico a cuarto medio. El presupuesto solicitado era de $160 millones de pesos.
No obstante, se verificaron una serie de irregularidades en el convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Biobío y Fundación "Mi Hogar Asuncionista". Conforme a lo señalado por la fiscal, no se realizó una evaluación adecuada para determinar si era necesario o pertinente. Además, hubo falta de planificación y preparación antes de solicitar el financiamiento.
Formalizan a exfuncionarios del Gore Biobío por convenio "Mi Hogar Asuncionista"
Es más, se acusa a Tamara Vidal de haber elaborado la iniciativa y que habría violado principios administrativos, como por ejemplo: probidad administrativa, eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos, transparencia y reeminencia del interés general sobre el particular.
Se le apunta a que no informó sobre inhabilidades cuando fue designada como contraparte técnica del convenio. Dichas inhabilidades se relacionan a que fue ella quien elaboró el programa y tenía conflictos de interés con la Fundación.
Mientras que en el caso de Simón Acuña, quien en ese entonces era jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional del Biobío, es acusado de infringir sus deberes como funcionario público, causando un perjuicio fiscal de 2,094,187 pesos (aproximadamente 34 UTM).
A lo anterior se suma que, a causa del convenio cuestionado, se alega un perjuicio fiscal de 160 millones de pesos (aproximadamente 2,616 UTM a diciembre de 2022).
