Fundación Urbanismo Social pide su liquidación judicial: Convenios en Biobío fueron claves en la petición
La Fundación Urbanismo Social, indagada en el denominado Caso Convenios, solicitó su liquidación judicial voluntaria.
La solicitud fue ingresada ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, y en el documento, argumentan que “con mínimos ingresos y con obligaciones de egresos que no resultaban previsibles pero que son actualmente exigibles, la situación de la Empresa Deudora se ha tornado simplemente inviable, encontrándose en una inevitable situación de insolvencia y cesación de pagos”.
En la petición, justifican que “actualmente la Fundación se encuentra prácticamente sin movimiento, a la espera de las acciones judiciales de cobro intentadas en su contra, así como de eventuales demandas laborales, y demás proveedores”.
Según la empresa, se requieren mensualmente $150 millones para los gastos en recursos humanos, operacionales y administrativos; un monto considerablemente alto de recaudar y disponer dado el contexto”.
Una de las situaciones que no les permite mantener la operatividad, son los convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que ascienden a $222.485.814, los que fueron anulados en medio de los cuestionamientos del Caso Convenios.
Este monto, corresponde, en parte, a los tres programas que desarrollaba la entidad en el Biobío; “Anteproyecto de loteo, arquitectura y acompañamiento social en Talcahuano”.
También está el “Plan de Administración, Operación y Mantenimiento del Edificio Horizonte del Pacifico I de la comuna de San Pedro de la Paz”, suscrito con el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, y pese a haberse adjudicado una suma alzada, la Administración del Estado pagó sólo parcialmente el precio del contrato, adeudando a la fecha la suma de 1.721,08 UF, equivalentes al 30 de abril del año en curso a las suma de $64.130.849”.
El tercer programa, se originó para apoyar a los afectados por los incendios forestales del verano de 2023, que consistió en una “Consultoría legal para incendios 2023 para las Provincias de Arauco, Biobío y Concepción”, aprobada el 25 de abril de 2023, la solicitante ejecutó las diversas etapas contempladas en el proyecto, existiendo saldos pendientes de pago en su favor por la suma de $29.080.143”.
Desde el Serviu Biobío, indicaron que "respecto a la situación de la Fundación Urbanismo Social, actualmente existen acciones judiciales interpuestas, por lo que no nos pronunciaremos hasta que hayan sido zanjados por Tribunales".
Otros acreedores
Al Ministerio de Vivienda y el Serviu, se suman el Gobierno Regional del Maule y otras entidades.
Pero eso no es lo único, puesto que a raíz de la falta de liquidez, la Fundación Urbanismo Social no pudo pagar los finiquitos a quienes se desempeñaban en la organización.
En el Biobío, son tres las funcionarias a las que se les adeuda sus finiquitos, entre ellas a la coordinadora de la oficina regional, Lucia Sampedro.
A otra persona que se le adeuda, es al abogado Luis Hermosilla, quien realizó una asesoría jurídica a la entidad por $5,4 millones.
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