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Fiscal detalla cómo Jadue habría utilizado convenio con la UdeC para defraudar a la Municipalidad de Recoleta
El convenio firmado entre la UdeC y la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp) es parte de los antecedentes que se están dando a conocer en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago. Esto en medio de la la audiencia de formalización de cargos contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y otras siete personas por irregularidades en la administración de la Achifarp.
En medio de la imputación de cargos, el Fiscal Regional Metropolitano Centro-Norte, Xavier Armendáriz, detalló la forma en que el alcalde Daniel Jadue habría utilizado el convenio firmado entre la Achifarp y la Universidad de Concepción para “un ensayo clínico y posterior fabricación de 180 mil dosis del medicamento Interferón Alfa 2B recombiante para ser utilizado en el combate de la pandemia de Covid-19”.
Para este acuerdo, el jefe comunal comprometió financiar poco más de $229 millones. Mientras que la casa de estudios “obtendría las autorizaciones sanitarias por el ISP para la aprobación de planos de laboratorio, instalación y apertura de este, además de la producción autorizada para el estudio clínico. Comprobar la seguridad y eficacia, además de la fabricación de 180 mil dosis en un plazo de 6 meses, una vez que exista la autorización”.
Una vez que se firma el convenio, Jadue “pidió aprobar una cuota de $25 millones para participar en el convenio en 2020. Y se ordena el pago mediante trasferencia electrónica en agosto de 2020”. Lo anterior significó el ingreso de Recoleta al convenio.
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ISP no da autorización a la UdeC
Eso sí, uno de los compromisos por parte de la UdeC era obtener los permisos necesarios por parte de los reguladores, algo que se logró en enero de 2021.
“El 29 de enero de 2021, el ISP aprobó los planos para modificar la Unidad de Prototipo y Escalamiento, lo que fue informado a los encargados del proyecto. Estas adecuaciones excedían el presupuesto contemplado, por lo que solicitó a la Achifarp aumentar el aporte para el hito 1, sin respuesta”, relató Armendáriz.
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Jadue presentando el Interferón en la UdeC (Archivo Agencia UNO)
A juicio del persecutor, lo obrado por Jadue podría ser constitutivo de Fraude al Fisco, ya que “los imputados se concertaron para lograr recursos desde el municipio de Recoleta para obtener liquidez y a sabiendas que el proyecto con la UdeC no contaba con la autorización del ISP”.
A raíz de esto, la Achifarp pidió $204 millones para financiar el total del proyecto, lo que se aprobó en el Concejo Municipal. Todo lo anterior, bajo el argumento que “la primera cuota entregada permite iniciar la elaboración de las primeras dosis, por lo que es posible iniciar la elaboración de las primeras dosis. Se entregó información falsa, ya que existía conocimiento que la UdeC no estaba en condiciones de elaborar dichas dosis”, aseveró el fiscal.
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En ese mismo concejo, del 27 de abril de 2021, el alcalde Daniel Jadue “a sabiendas que la UdeC no superó el hito 1, entregó información falsa al Concejo Municipal para que se aprobaran los fondos necesarios para continuar con el convenio”, indicó el fiscal.
El 30 de abril de 2021 se promulgó el decreto municipal que permite la entrega de $204 millones a Achifarp y ordenó la elaboración de un convenio de colaboración entre la casa edilicia de Recoleta y Achifarp para adquirir las 180 mil dosis de Interferón.
Jadue no traspasa los dineros a la UdeC
A pesar de esta transferencia, estos dineros nunca llegaron a las arcas de la casa de estudios penquista.
De acuerdo al relato del fiscal Xavier Armendáriz, Jadue “José Muñoz y se apropiaron del dinero, ya que no lo transfirieron, y lo utilizaron para el pago de gastos propios de la asociación, y pago de deudas que mantenían a la fecha. Lo anterior genera un perjuicio a la Municipalidad de Recoleta por $204.976.800”.
Finalmente, la Udec se desistió del convenio con la Achifarp ante la imposibilidad de construir un laboratorio acorde a las exigencias y planos autorizados por el ISP. A lo anterior, se suma que la Achifarp solo entregó $25 millones, que resultó ser insuficiente para cumplir con el hito 1.
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Armendáriz recalcó que “la UdeC fue sancionada en una fiscalización realizada por el ISP, a raíz de la producción, bodegaje y distribución de 5 mil dosis de Interferón que fueron elaboradas sin autorización, las que debieron ser destruidas por no aptas para el consumo humano”.
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