Fiscalía pide información al TER por causa de malversación de fondos públicos en Coronel
Un requerimiento de consulta realizó la Fiscalía hace algunas semanas al Tribunal Electoral (TER) del Biobío, en medio de la indagatoria por presunta malversación de caudales públicos en la que se habría visto involucrada casi la totalidad del Concejo Municipal de Coronel.
De acuerdo al documento, presentado el pasado 10 de abril, la persecutora Glenda Lagos, pide al TER “información relativa a candidaturas y elecciones en que hayan participado como candidatos, así como actas de proclamación, correspondientes a Boris Chamorro; Eduardo Araya; Valeska Carrillo; Aldo Morales; Francisco Merino; Osvaldo Campos; Paola Bustos y Ariel Durán”.
El requerimiento ya fue contestado por la instancia, en oficios reservados.
La indagatoria que lidera la fiscal Lagos se remonta a un accidente que protagonizó la concejal Bustos en el año 2021, quien chocó su vehículo particular contra un camión fiscal en el corralón municipal, con daños cotizados en más de $2 millones. Si bien la póliza del camión ofrecía $730.000 de seguro, Chamorro propuso que se le entregaran $1.800.000 como compensación. Los concejales aceptaron este acuerdo extrajudicial, con excepción de Bustos, quien se abstuvo, y de Carmen Madinagoitía, quien lo rechazó.
Lo anteriormente expresado fue expuesto en un informe de Contraloría, a petición de una ciudadana, la que denunció un posible conflicto de interés detrás de esta remuneración. "Como señaló el ente contralor, el avenimiento buscó evitar una demanda judicial en contra del municipio. La que se basaría en daños patrimoniales o morales, pérdida de vehículo fiscal, entre otros, por el accidente que vivió la concejala", dice el informe.
Concejal pide su formalización
Eso sí, una de la involucradas, ha recurrido en reiteradas ocasiones al Juzgado de Garantía de Coronel, en primera instancia en búsqueda de su sobreseimiento definitivo o de su formalización.
Así lo ha hecho presente el abogado Andrés Durán, que representa a la edil Paola Bustos, en diversas presentaciones, obradas desde el 31 de octubre de 2023, a la fecha, en donde solicitaron el sobreseimiento definitivo, el que no fue acogido.
A raíz de lo anterior, el jurista recurrió bajo el artículo 186, donde emplazan a la Fiscalía para que fije una fecha o un plazo para que se concrete esta imputación de cargos, dando el tribunal tres meses de plazo, finalizando este en el mes de marzo.
Eso sí, la persecutora Glenda Lagos ha solicitado en dos ocasiones ampliar este plazo, ya que “no habiéndose cumplido el plazo para formalizar la investigación ampliado por vuestro tribunal de 20 días, por resolución en audiencia, y siendo éste un plazo judicial; se sirva citar a los intervinientes a una audiencia, a objeto de debatir en ella la solicitud que efectuará el Ministerio Publico de ampliación de dicho plazo, atendida la existencia de diligencias de investigación cuyos resultados se encuentran pendientes y que es necesario conocer para adoptar las decisiones que sean del caso”.
Este debate de plazo se concretará el próximo 30 de mayo, a las 09:00 horas.
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