Fiscalía y CDE apelan por la prisión preventiva para imputados del Caso Lencería
Fotografía: Archivo

Fiscalía y CDE apelan por la prisión preventiva para imputados del Caso Lencería


Por Patricia Castillo | 29 Abril 2024 12:41
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La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción que revoque el arresto domiciliario de dos imputados por el Caso Lencería. Esto, tras la negativa del Tribunal a dictar la prisión preventiva para Rodrigo Martínez y Sebastián Polanco.

Tanto el ex administrador del Gobierno Regional del Biobío como la expareja de Camila Polizzi habrían incumplido de forma reiterada la cautelar, informó personal de Carabineros. Según los agentes, en tres ocasiones no se comprobó la estadía de Martínez en su hogar. Mientras que en cuatro oportunidades no encontraron a Polanco.

Cuestionan excusas de "buena fe" de imputados del Caso Lencería

A raíz del "incumplimiento grave y reiterado" de los imputados por el Caso Lencería, el Ministerio Público y el CDE cuestionaron al Tribunal por aceptar las justificaciones de "buena fe" que entregaron las defensas de los involucrados.

Entre estas, que no escucharon los llamados al timbre, que estaban durmiendo o que los policías faltaron a su labor fiscalizadora. A pesar de que, por ejemplo, Martínez previamente reclamó por las llamadas insistentes a su cónyuge para comprobar su estado.

Según la apelación de la fiscal anticorrupción María José Aguayo, "el fondo de la resolución es poco lógico en su razonamiento y falto de fundamentación respecto a qué y cómo debía valorar la información".

Por su lado, el Consejo señaló que "la resolución de vuestra señoría yerra y carece de fundamento y, por ende, debe ser revocada".

Tras el rechazo del Tribunal de cambiar la cautelar de los dos sujetos, ambos organismos buscan que una nueva audiencia les entregue la prisión preventiva. A Rodrigo Martínez se le investiga por fraude al fisco, mientras que a Sebastián Polanco por usurpación de identidad, estafa, lavado de activos y uso malicioso de un documento público falso.


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