Liceo de joven asesinado en Lota tuvo dos proyectos de convivencia escolar financiados por el GORE Biobío: Cuestionan efectividad
En una presentación de antecedentes ante la Fiscalía como apoyo a la investigación de convenios cuestionados del Gobierno Regional del Biobío, el ex seremi de Educación, Fernando Peña (Partido Republicano), entregó a la Fiscalía un análisis de experto sobre la efectividad -o no- de dos proyectos financiados por el GORE en el establecimiento al que pertenecía el estudiante asesinado el pasado 19 de abril en el Liceo Carlos Cousiño de Lota.
Según Peña, que además hoy es candidato al Gobierno Regional del Biobío, los proyectos en materia de convivencia escolar y resolución de conflictos son los de la Fundación Horizonte Ciudadano (creada por la expresidenta Michelle Bachelet) y Corporación Motum, dirigida por un ex vocero de campaña del gobernador Rodrigo Díaz, motivo por el cual son cuestionados a nivel administrtivo y penal.
En ese marco, Peña aseguró que “nosotros consideramos que era relevante entregar un análisis especializado, particularmente de la pertinencia y del grado de especialización de estas dos fundaciones en temáticas de convivencia escolar. El análisis nuestro es que no están las competencias, ni la experiencia, ni la trayectoria que amerite que estas dos fundaciones se hayan adjudicado proyectos, cada una, por más de 370 millones de pesos”.
Análisis de proyectos financiados por el GORE ante Fiscalía
Dentro de los antecedentes presentados, se discute la falta de procesos de licitación y análisis de mérito para la adjudicación de estos proyectos. También, se insinúa que detrás de la entrega de fondos a la fundación ligada a la expresidenta Michelle Bachelet podría haber motivaciones políticas.
“yo lo que vengo a exponer es que ambos proyectos, que eran prácticamente idénticos, que financiaban las mismas actividades en un periodo de tiempo muy similar... Finalmente no hubo rigor técnico ni tampoco un criterio objetivo para asignar esa cantidad de recursos, sino que más bien lo que imperó fue un criterio político”, agregó.
SABES se contactó con el Gobierno Regional del Biobío para conocer su visión frente a las acusaciones. Sin embargo, hasta el momento de publicación no se entregaron respuestas.
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