5 UTM: La multa que arriesga el alcalde de Laja, Roberto Quintana, por dar múltiples besos sin consentimiento a funcionaria
El alcalde de Laja, Roberto Quintana, arriesga una multa de 5 UTM (325 mil pesos) y 40 días de prisión, tras ser imputado durante un juicio simplificado por acoso sexual. Dicha acusación cuenta con una evidencia que causó conmoción en todo Chile: un video en donde se aprecia cómo el jefe comunal se acerca a la víctima, una funcionaria de la casa edilicia, y la besa en al menos 14 oportunidades.
Durante la audiencia, prestó declaración la víctima, un testigos y también el acusado. La instancia se realizó durante gran parte de la mañana y mediodía de este miércoles, sin embargo, debido a que aún faltan más declaraciones, quedó en pausa hasta mañana. Incluso podría extenderse a un tercer día.
Tras salir del tribunal, el fiscal de Yumbel, Alberto Cruz, se refirió a la acusación en contra del jefe comunal. Explicó que el Ministerio Público le imputa su responsabilidad en un acoso sexual considerando actos hostiles e intimidatorios hacia la víctima. Eso sí, la parte querellante lo acusa de abuso sexual. “El tribunal va a tener que determinar en definitiva la calificación de los hechos”, indicó el persecutor penal.
Envidencia clave en imputación de cargos contra el alcalde de Laja, Roberto Quintana
El fiscal resaltó la importancia del video que causó impacto a nivel nacional, en donde se ve la situación que se le imputa al alcalde de Laja, Roberto Quintana. Planteó que, si bien en los casos de connotación sexual no suele haber pruebas directas, en este caso sí las hay. “Es un video que da cuenta del registro de los hechos por los cuales nosotros estamos acusando. Un registro del actuar del imputado y cómo se acerca a la víctima, y los hechos de connotación sexual que le estamos imputando. Es un registro válido, para nosotros, para acreditar nuestra acusación”, agregó Cruz.
Durante la audiencia, la defensa de la víctima planteó que dicho acercamiento, que se aprecia en el video, tendría algún grado de consentimiento. Ante ello, el persecutor penal planteó que “nosotros tenemos una visión totalmente contraria a dicha situación. Claramente, a nuestro juicio, no existe consentimiento por parte de la víctima”.
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