El llamado de CPC y Corma: Afirman que Puerto Coronel necesita volver a operar urgentemente

La Camara de la Producción y del Comercio del Biobío (CPC) y la Corporación Chilena de la Madera (Corma) hicieron un llamado al gobierno para que se retomen cuanto antes las operaciones del Puerto Coronel.

Trabajadores del recinto portuario comenzaron una paralización por la aplicación preventiva de la política de alcohol y drogas. También demandan mayor diálogo con la empresa respecto a otros temas como la adquisición del control de la "nombrada", un sistema que, explican, debería seguir a cargo de los sindicatos.

Los organismos ya mencionados enviaron un comunicado señalando que "hacemos un llamado a las autoridades a intervenir con mayor determinación y garantizar, en los próximos días, el retorno seguro y rápido de la actividad portuaria".

"La prolongada paralización no solo ha generado pérdidas estimadas en US$75 millones para la región en 25 días, sino que también, está afectando la competitividad, confianza, e imagen país de nuestros servicios portuarios y logísticos, obstaculizando la recuperación económica que tanto necesitamos", sostienen.

Asimismo, expresan que la movilización se traduciría en pérdidas significativas para la región y el país. Siguiendo este punto, indican que se ven afectados los sectores productivos, agrícola, pesquero y forestal, pues "se ven imposibilitados de ingresar o exportar sus productos o hacerlo a costos muy superiores a los normales, al redirigir sus productos a otros puertos más lejanos. ¿Qué pasó con todos aquellos, muchos pequeños y medianos que no lo pueden hacer?".

Posteriormente, detallan algunos puntos que estarían dificultando las operaciones económicas como el corte de rutas, ataques a transporte, obstrucción del tránsito de trenes entre las provincias de Arauco y la de Concepción, entre otras.

"La región no necesita más violencia, muy por el contrario, necesita más diálogo", manifestó Álvaro Ananías, Presidente de la CPC Biobío, respecto a estos casos.

Así, afirman que el gobierno debe asumir su responsabilidad en la protección de personas, infraestructura crítica y facilitación del movimiento de carga.

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