Editorial: Falta de matrículas no es culpa de este Gobierno, pero si es su responsabilidad solucionar el tema
El Gobierno ha dicho que son menos, pero las cifras hablan de cerca de 3 mil alumnos sin matrícula en el país.
El tema es muy complejo y no es culpa de esta administración, el asunto se arrastra desde hace ya varios años, pero si es responsabilidad de este Gobierno encontrar las soluciones a esta problemática.
La educación primaria y secundaria en Chile son un derecho constitucional. Así lo dice la vapuleada Carta Magna de nuestro país. En su artículo 19 asegura a todas las personas:
"El derecho a la educación".
"La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida - se afirma en la constitución- Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho".
Y aquí viene lo importante
"La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población".
El ministro Nicolás Cataldo ha afirmado que el problema es multicausal, habría duplicidades en las solicitudes de matrículas (cerca de 1.700) y hay un fenómeno migratorio creciente que ha presionado el sistema educacional en demasía.
Otros han responsabilizado a la ley de inclusión del 2015 que supuestamente habría paralizado la construcción de nuevos colegios particulares al terminar con el lucro y poner mayores exigencias a los proyectos educativos. Los datos afirman que desde el 2019 se han presentado al Mineduc cerca de 300 peticiones de nuevos establecimientos y que el 90 % de los proyectos se han aprobado.
El ministro tiene razón cuando da cuenta de los problemas que ha generado el actual estado de la situación, sin embargo, no nos podemos quedar en esto, ya tendremos tiempo de analizar las razones...avancemos en la solución del problema.
Habrá que flexibilizar las matrículas en los colegios con algún decreto, habrá que avanzar con jornadas dobles en los establecimientos, habrá que acelerar la construcción de colegios públicos, habrá que estudiar si es necesario hacer modificaciones a la ley de inclusión, pero los estudiantes no se pueden quedar sin clases. De ocurrir esto es posible que nuevamente surjan amenazas de acusación constitucional y ahora sí, podría haber argumentos suficientes, porque ahora si claramente se vulnera la Constitución.
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