Campaña municipal le pena a alcalde de Chiguayante: Presentan querella por “préstamos” impagos a esposo de concejala

A la justicia llegó una denuncia realizada por un comerciante contra el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, a raíz del financiamiento de la campaña municipal que le permitió su reelección en el año 2016.

De acuerdo a la acción legal presentada en el Juzgado de Garantía de Chiguayante por el empresario Héctor Acosta, esposo de la concejal Ximena Bravo, quien en virtud de una amistad existente en la época, “siempre le manifestaba sus aspiraciones políticas en cargos de representación pública y el hecho de necesitar financiamiento o recursos para llevar adelante sus proyectos, entre otras personas, derechamente le pidió le facilitara recursos económicos con ese fin y que posteriormente se los devolvería una vez obtenido el cargo a que aspiraba”.

En ese sentido, “en razón a la amistad que lo unía al querellado, el querellante le facilitó recursos, en diversas partidas de dinero que fueron solicitados personalmente y necesarios para la campaña del querellado, de materiales de difusión y celebraciones previas y celebración final de cierre y triunfo”.

Estos préstamos habrían sido solicitados de manera personal por el alcalde Antonio Rivas a Acosta, o a través de su hijo, quien se desempeñó como administrador de campaña.

De acuerdo a los registros contables del denunciante, fueron 30 transferencias que ascienden a un total de  $26.279.000.

Triunfo obtenido, no hay pago

El acuerdo para facilitar el dinero entre Acosta y Rivas era que una vez alcanzada la reelección, el jefe comunal iba a retornar el préstamo.

Según se desprende de la querella, “pasó el tiempo y el querellado no restituía los dineros, sólo expresaba que pronto lo haría estando en una condición mejor, condición que no tenía fecha ni certeza de cuándo podría ser. Luego el querellado empezó a evadir, a evitar el contacto directo con mi representado. Por tanto, éste buscó la manera de contactarlo directamente y de que no se le evadiera”.

Al parecer, Rivas no tiene intención de pagar esta deuda, ya que “de manera pública, negó haber recibido los valores reclamados y de tener a ese momento deuda de dinero con el querellante. Luego estando más solitario el local y en una parte más alejada de la reunión y en privado, el querellado le recriminó a mi parte el haberlo expuesto de esa forma y con su asistente personal, le señalaron que la deuda existía y que de ello conversarían en su local de trabajo, donde dicho asistente plantearía formas de solucionar esa deuda, pero al parecer esto fue sólo una forma de rehuir de la situación de apremio del momento para el deudor, ya que la prometida Reunión efectivamente ocurrió, pero fue para ratificar a mi parte que esa deuda no se pagaría”.

Bajo este escenario, el empresario Héctor Acosta recurrió por vía civil a la justicia para lograr el pago de los dineros involucrados, pero en una audiencia “a confesar deuda” ocurrida el 11 de febrero de 2021, “pese haber sido juramentado y advertido por Juez de que el falso testimonio podía dar lugar al delito de perjurio, el querellado expresamente negó la deuda, a sabiendas y teniendo la certeza de que lo afirmado no era efectivo y que con ello faltaba a la verdad prometida”.

A juicio de los afectados, la declaración judicial espetada por Antonio Rivas en sede civil podría constituir el delito de perjurio.

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