Sigue polémica por los Lexus: Trabajadores de las CAJ califican de "inapropiada y ajena a la realidad" compra de autos de lujo para supremos
Los dirigentes de los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial de Chile (CAJs), criticaron la posible compra de 22 vehículos de lujos para los ministros de la Corte Suprema, los cuales están avaluados en 1.200 millones de pesos.
La directiva de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que aglutina a más de 3 mil trabajadores a nivel nacional de las CAJs, emitió un comunicado donde señalaron que la presunta compra de estos vehículos Lexus modelo ES300H es “inapropiada y ajena a la realidad que vive hoy Chile”.
Lo anterior, debido a que “estamos sumidos aun en los efectos de una lamentable catástrofe como han sido los graves incendios que han generado muertes y pérdidas materiales en el centro y sur de Chile, cuya cuantía aún no se ha podido determinar y pese a que los recursos para la reconstrucción no son suficientes, rechazamos que instituciones abusen de su condición autónoma”, para realizar esta renovación de transporte, destinado a los ministros del máximo tribunal.
La vicepresidenta de Fenadaj, Zulema Díaz, indicó que “la sola pretensión de adquirir vehículos de alto costo para las ministras y ministros de la Corte Suprema es una ofensa a los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial y también a nuestros usuarias y usuarios enfrentados a la precariedad con la que debemos cumplir nuestras labores diarias”.
“Ante la falta de dotación, las malas condiciones de infraestructura, las malas condiciones tecnológicas, la falta de lugares dignos donde podemos cumplir nuestra funciones, con el pretexto de que no existen recursos fiscales, ofende cuando vemos que efectivamente se destinan recursos públicos para renovar una flota de vehículos que perfectamente podría realizarse con mayor austeridad”, sostuvo Díaz.
Por último, Fenadaj advirtió que la intención de solicitar estos vehículos de lujo “acentúa un peligro social como es el debilitamiento y desprestigio de las instituciones (…) no representa la vocación y austeridad que marca al trabajo de los funcionarios de las CAJs”.
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