Hotel Punta Piqueros deberá ser demolido por incumplir normas urbanísticas
Fotografía: Agencia UNO

Hotel Punta Piqueros deberá ser demolido por incumplir normas urbanísticas


Por Felipe Rojas | 25 Enero 2024 18:08
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Desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Valparaíso dieron orden de demoler el polémico Hotel Punta Piquero ubicado en Concón.

Según se informó, mediante la resolución oficial, la estructura no es factible dentro del plan regulador comunal. Adicionalmente, se detalló que, actualmente, "el proyecto hotelero… carece de permiso de edificación".

El anuncio llega luego que el pasado 30 de mayo de 2022 se solicitara un nuevo pronunciamiento respecto a petición de demolición proveniente de la Corporación de Defensa de Patrimonio Histórico de Valparaíso.

Durante el estudio del caso, se tomó en consideración un informe del Director de Obras Municipales. En aquel estudio se contrastó las normas del Plan Regulador de Viña del Mar de 2010 con la disposición de la actual normativa implementada en 2017. Como resultado, se concluyó en dicho análisis que "el proyecto incumple diversas normas urbanísticas vigentes".


Asimismo, aquel informe a punta a la ausencia de un permiso de edificación. Aunque la inmobiliaria reconoce esta situación, apunta a que el proyecto se ejecutó bajo un permiso "válidamente emitido y continuo su ejecución durante los intervalos de tiempo en los cuales estuvo habilitado previo acto administrativo municipal".

"Como resultado, se ha erigido un edificio contrario a la normativa urbanística vigente, que no puede ampararse en un permiso de construcción ilegal desde su otorgamiento, y que no es posible que sea tramitado nuevamente desde su origen y otra etapa", comunicaron.

Por último, se informó un plazo de 10 días hábiles para que comiencen los trámites para demoler el inmueble.

Cabe recordar que el problema con el hotel comenzó en 2011 tras la entrega del permiso de edificación de parte de la Municipalidad de Concón. Por aquella época, organizaciones ambientales acusaron un proceso ilegal y la inexistencia de un correcto estudio de impacto ambiental. Lo anterior derivo en una demanda de parte de la inmobiliaria contra el Estado por la interrupción de las obras.

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