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La justicia acogió la demanda de perjuicios y condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $200.000.000 por concepto de daño moral, a matrimonio de Contulmo que, desde 2014, ha sido víctima de violencia rural.
En el fallo, del 2° Juzgado Civil de Concepción, el magistrado Adolfo Depolo estableció la falta de servicio del Estado al no haber implementado, a través de las fuerzas de orden y seguridad, acciones eficaces para dar seguridad y evitar la ocupación ilegal de las propiedades de los demandantes que, además, han sido amenazados por integrantes de comunidades indígenas que impulsan acciones de recuperación territorial.
“Los denunciantes son dueños de diversos fundos ubicados en el sector Elicura, especialmente del fundo Las Vertientes, y que desde 2014 y cada vez con más agresividad, fueron despojados de sus terrenos, viendo afecta su integridad y seguridad en sus personas y bienes”, sostiene el fallo.
La resolución judicial va más allá y apunta a que “si bien es efectivo que el Estado ha desplegado planes o medidas de acción tendientes a contener y erradicar las prácticas de violencia rural, por un lado, y por otro, proteger y reparar a las víctimas de estos hechos, en la práctica, los órganos encargados del orden y seguridad pública, ya sea en la función de creación de tales políticas o en la ejecución de las mismas, no han sabido responder adecuadamente a la solución del conflicto y en consecuencia la seguridad de las personas que habitan la (…) Zona Sur sigue viéndose perturbada”.
Tras la resolución, el alcalde de Cañete, Jorge Radonich consideró que la resolución judicial “es preocupante, porque hay muchas familias que están en la misma situación y quizás si esto se judicializa como lo hicieron ellos, la cantidad de recursos que debieran aportar para las familias que han sido dañadas sería bastante más oneroso que esos $200 millones”.
El jefe comunal indicó que este fallo entrega jurisprudencia, ya que “indudablemente que sí, entreguan una herramienta más a los afectados y la posibilidad de poder recurrir a que le indemnicen por las situaciones vividas”.
Con respecto al Estado de Excepción, Radonich apuntó a que “nosotros allá vivimos una situación distinta y si la justicia argumenta eso, son ellos los que administran esa parte. Así que yo creo que sí están diciendo la verdad”.
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