El Ministerio de Vivienda en el Biobío y sus reparticiones en la zona se refirieron a las conclusiones que entregó la Contraloría sobre los convenios que han firmado ambas entidades con distintas organizaciones de la sociedad civil.

Específicamente, apuntan a la situación que se origina con los contratos realizados con la Fundación Urbanismo Social y ProCultura, en donde existen funcionarios de ambas reparticiones con nexos en estas entidades cuestionadas.

Desde la Seremi de Vivienda, la titular Claudia Toledo aseveró que “hay convenios que tienen su avance normal y en otros casos en donde se ha cumplido el avance normal se dará un término como corresponde”.

Mientras que desde el Serviu, su directora María Luz Gajardo indicó que son dos proyectos los que mantienen con Urbanismo Social; uno ligado a la asesoría jurídica para afectados por los incendios forestales del verano y otro por la administración del edificio ligado al plan “Arriendo a precio justo” en San Pedro de la Paz.

Con respecto al primero programa, Gajardo expresó que “se han hecho profundas revisiones sobre los productos encargados para pagar lo que corresponda de acuerdo al contrato. Este fue un contrato, en el marco de la emergencia del verano y que tiene productos definidos. El contrato está cerrado y se está revisando el cumplimiento de los productos comprometidos”.

En relación al proyecto de “Arriendo a precio justo”, complementó con que “se trata de un contrato realizado a través de una licitación, tenemos una ocupación de un 99% de los departamentos”.

Sobre el sumario que se está realizando contra el encargado de asentamientos precarios del Serviu en la zona, Vicente Guzmán, la directora de la entidad, manifestó que “Contraloría ratificó la procedencia de ese sumario y estamos en etapa probatoria. Los procesos sumariales resguardan los derechos de las personas y cautelan los intereses del Servicio, este proceso es de carácter reservado aún”.

Gajardo descartó que haya sido citada a declarar en esta causa.

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