Por no respetar la abstención en Caso Fundaciones: Contraloría ordena denuncia en Fiscalía a dos funcionarios de Vivienda en el Biobío

En el ojo de la Contraloría se encuentran los programas firmados por el Serviu en el Biobío con dos fundaciones que se encuentran cuestionadas por el Caso Convenios.

Se trata de ProCultura y Urbanismo Social; una de las primeras alertas, apunta a que en los proyectos de ambas entidades no existe caución alguna para el cumplimiento del proyecto, por un total de $99 millones.

Otra alerta que levantó el informe de Contraloría hace referencia a que “no se registraron contablemente en las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales, como valores recibidos a su favor, las boletas de garantías por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios detallados, lo que fue confirmado por la funcionaria de la Sección de Administración y Finanzas de la entidad”.

Eso sí, el punto más crítico que realiza el informe del ente fiscalizador apunta al “deber de la abstención”.

Allí, sindican a dos funcionarios; hablamos de Vicente Guzmán, quien se desempeña como encargado del Programa de Asentamientos Precarios del Serviu, y a Pablo Durán, coordinador del programa de Asentamientos Precarios en la Seremi y otras funciones de la Seremi de Vivienda del Biobío.

Abstenciones que no se cumplieron

Y es que según la Contraloría, los funcionarios antes mencionados se desempeñaron en fundaciones que han firmado convenios con el Serviu o el Minvu, por lo que se podrían generar eventuales conflictos de interés.

En relación a Guzmán, se indicó que “con fecha 30 de enero, informó al director (s) del Serviu que haría uso del derecho de abstención en todas aquellas materias relacionadas con la Fundación Urbanismo Social, debido a que en dicha institución ejerció funciones directivas”.

Eso sí, Contraloría detectó que “en el mes de marzo de 2023, visó un informe técnico, preparado por el Departamento de Asentamientos Precarios, en el cual se fundamenta el trámite y la suscripción del convenio con la Fundación Urbanismo Social, el que fue aprobado por la resolución exenta N° 411, de 13 de junio de 2023, para la ejecución de un plan piloto de asistencia técnica que permita vincular a una muestra de familias de campamentos catastradas, con la oferta existente de viviendas en venta, infringiendo con ello el deber de abstención que le asistía”.

A raíz de lo anterior, el Serviu inició un sumario y así determinar la existencia de eventuales irregularidades administrativas, cuyo proceso disciplinario actualmente se encuentra en la etapa indagatoria.

A juicio de la Contraloría, esto “habría vulnerado el principio de probidad toda vez que le restaría imparcialidad en su actuación; por lo que, debía abstenerse de participar en dicho proceso”.

Con respecto a Pablo Durán, Contraloría sostuvo que “a la fecha de la presente auditoría, no ha hecho presente formalmente a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, un eventual conflicto de interés con la Fundación Procultura, no obstante que en esa entidad, desempeñó funciones como encargado Territorial de Vivienda y Ciudad Identitaria antes de ingresar a dicha repartición pública”.

Desde la Seremi indicaron a Contraloría que Duran “no ha participado de ningún procedimiento administrativo que tenga por finalidad la celebración de un convenio con la Fundación Procultura, para la que prestó servicios, toda vez que, por una parte, es el programa PAP quien define qué institución se hará cargo de la iniciativa, y por otra, fue el SERVIU de la Región del Biobío quien seleccionó a dicha entidad para los dos convenios suscritos con esa institución sin fines de lucro”.

Y agregan que fue recién el 20 de octubre de 2023, que Pablo Durán informó que “desde su ingreso a la Seremi se abstuvo de actividades, toma de decisiones y firma de documentación relacionada con la Fundación Procultura y manifiesta que continuará haciendo uso de su deber de abstención en toda materia relacionada con dicha entidad”.

A raíz de lo anterior, la Contraloría ordenó mantener los sumarios administrativos contra Vicente Guzmán y Pablo Durán, y remitir los antecedentes a la Fiscalía y  al Consejo de Defensa del Estado para ejercer las acciones que estimen pertinentes.

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