Coronel sale al paso de querellas presentandas por Enel: Los acusa de incentivar las tomas
Dos querellas ha presentado Enel en contra de la Municipalidad de Coronel, en donde sindican al alcalde de esa comuna, Boris Chamorro y a una funcionaria de esa casa edilicia de incentivar las tomas en las zonas cercanas a las dependencias de Bocamina.
De acuerdos a las presentaciones, desde la empresa, indican que desde enero de 2021, una serie de personas “aproximadamente 40 personas (entre hombres, mujeres y niños) con herramientas, palas y maderos, estaban cercando los terrenos ubicados en calle las Mercedes. Los ocupantes ilegales son hijos de pobladores del Cerro Obligado y señalan que Enel tiene compromisos incumplidos con éstos, por lo tanto, ellos determinaron hacer esta toma como medida de presión”.
Eso sí, “estas personas han manifestado públicamente que han recibido apoyo (insumos y maquinarias) de la Ilustre Municipalidad de Coronel; lo cual ha sido coordinado por la funcionaria municipal Lorena Salgado, y por el propio alcalde de la comuna, Boris Chamorro, ambos querellados”.
Lo anterior, se desprende en una serie de fotografías y publicaciones en redes sociales, donde se aprecia a la funcionaria antes mencionada y al alcalde Chamorro en la toma, además de entregar ayuda a quienes viven allí.
“Jamás hemos propiciado una toma”
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro salió al paso de las presentaciones judiciales realizadas por Enel.
Chamorro aseveró que “nosotros hemos tenido un trabajo constante en la comuna, jamás hemos propiciado una toma irregular de terreno, eso no se encuentra dentro de nuestras facultades”.
El jefe comunal agregó que “eso queda demostrado en que la empresa desistió de la acción legal”.
Eso sí, desde la empresa desmienten a Chamorro, ya que “la compañía presentó oportunamente las acciones civiles y penales pertinentes y efectuó diversos requerimientos administrativos para lograr el desalojo de los terrenos atendida la situación de riesgo e inseguridad en que hasta hoy se encuentran”.
Y complementan con que “la ocupación persiste y sus líderes siguen admitiendo nuevas familias que ocupan estos terrenos instalando allí construcciones que comprometen notoriamente los estándares sanitarios y de seguridad, como hoy lamentamos constatar”.
En tanto, desde el Ministerio Público detallaron que "se trata de una investigación agrupada y vigente, con diversas diligencias y requerimientos de información. Se han realizado pesquisas con la BIPE y BICRIM de la PDI, además de la SIP de Carabineros".
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