El Gobierno Regional del Biobío determinó destituir a la principal denunciante del Caso Convenios en dicha repartición, Tamara Vidal.
La determinación es el resultado del sumario administrativo que realizó la institución a raíz de posibles irregularidades en el programa de la Fundación “Mi Hogar Asuncionista”, en donde ella era la contraparte técnica y dentro del proyecto se encontraba participando el “padre de dos de sus hijos”.
Además, se consigna en el sumario, un traspaso de recursos por $1.050.000 a otra funcionaria del Gore Biobío para hacer un pago a uno de los proveedores del proyecto, situación que por estatuto administrativo es irregular.
A lo anterior, se suma que Vidal habría recomendado a la Fundación personas para que se desempeñasen como integrantes del equipo de trabajo del programa que se desarrollaba en distintos colegios de la Región.
Tras esto, el gobernador Rodrigo Díaz, en base al informe del fiscal instructor Iván Valenzuela, determinó destituir a Tamara Vidal, sin embargo, se mantendrá suspendida de su cargo y con goce del 50% de sus remuneraciones hasta la total tramitación del acto administrativo.
A Carolina Riquelme, la funcionaria que recibió los dineros para pagar al proveedor que prestó servicios en este programa, se le sancionó con la “Censura” y una anotación de demerito en su hoja de vida.
Y a Simón Acuña, quien era el superior de Vidal, se absuelve, puesto que fue probado de forma fehaciente “que el actuar contrario a la probidad de la funcionaria a su cargo no dependía de su control”.
Intereses en el resultado del sumario
Desde la defensa de Vidal confirmaron la recepción del resultado del sumario y adelantaron que se encuentran estudiando las acciones a seguir.
“Hemos recibido el resultado con poca sorpresa, siendo un resultado absolutamente esperable, particularmente por el lamentable trato que ha recibido nuestra representada por parte de la institución y la autoridad regional desde que realizó la denuncia del Caso Convenios”, expresaron en un comunicado.
En el texto, agregan que “evidentemente, varias/os funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional del Biobío se encuentran no solo involucrados en dichos eventos, sino que, además, tienen interés en el resultado de esta investigación”.
Los juristas consideraron que “nos encontramos analizando los antecedentes y por supuesto que ejecutaremos todas las acciones administrativas que correspondan, así como las acciones judiciales que en derecho asisten a nuestra representada, para asegurar el debido proceso, imparcialidad e igual de trato en el desarrollo de este proceso”.
Para los defensores, “la calificación de los cargos que se le han formulado y que, a nuestro juicio, no tienen asidero legal para dar lugar a la aplicación de una medida disciplinaria como la destitución”.
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