Consejo de Defensa del Estado se suma al Caso Lencería: Presenta querella por Fraude al Fisco contra Acuña, Polizzi y otras tres personas
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por el delito de Fraude al Fisco por los hechos relacionados con el convenio suscrito entre el Gore Biobío y la Fundación En Ti.
La acción legal presentada ante el Juzgado de Garantía de Concepción, apunta a Simón Acuña y Tamara Vidal, ambos funcionarios públicos del Gobierno Regional de Biobío y los particulares, Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, además de todos quienes resulten responsables.
Esto se funda en “los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y que dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada, por los funcionarios públicos y los particulares, para defraudar el patrimonio del GORE, a través de la obtención de recursos para el desarrollo del programa “Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte”, el que sería ejecutado por la Fundación En Ti, pese a conocer que dicha fundación no cumplía con las exigencias establecidas, ni contaba con competencias en el área, causando con ello un perjuicio al erario Fiscal aún no determinado con exactitud, pero no inferior a $66.000.000”, dice el escrito.
A lo anterior, suman que “en mayo de 2022, Camila Polizzi presentó un proyecto en el Gore Biobío, que habría desarrollado junto a Polanco, con el objetivo de postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), bajo el amparo de una “Fundación creada por Polizzi Fonseca, llamada “Conce Solidario”, pero esta no cumplía con la antigüedad requerida, pues su vigencia era de 1 año, no alcanzando los 2 años exigidos para poder postular. Por ello Polizzi habría buscado otra fundación, con la antigüedad necesaria, “tomando contacto con Gerardo Silva Silva, Presidente y fundador de la Fundación EN TI”, obteniendo de él un mandato amplio de administración de bienes, en que le otorgaría a ella la facultad de administrar”.
Rol de los funcionarios públicos
Según consta en la acción legal presentada por el CDE, existe una acción clara de omisión por parte de los funcionarios públicos durante la fiscalización del programa.
“Durante la postulación y según consta en los antecedentes revisados por el Consejo, el proyecto contó con un Formulario de Pertinencia y Priorización de Iniciativa de Inversión, suscrito por Simón Acuña, Jefe del Depto. de Desarrollo Social y Humano, en el que se indica que la iniciativa “es pertinente con los objetivos de la unidad informante y se solicita que se le dé prioridad en la revisión, calificándola como “urgente”, se lee en el documento.
Agregan que “En dicho formulario, además, Acuña se autodesignó como contraparte técnica para el seguimiento de la iniciativa, sugiriendo personalmente a Polizzi que debía conseguir una OTEC para su desarrollo lo que de acuerdo a lo señalado en la querella del Consejo, “permite presumir que tenía el cabal conocimiento que la Fundación postulada no cumplía con las exigencias …, esto es, que tuviera competencias en el área de la “capacitación”, pero igualmente estimó pertinente la postulación de la Fundación y le dio urgencia a la iniciativa para su aprobación”.
El CDE consideró que “tras la firma del convenio entre el GORE Biobío y la fundación, en diciembre de 2022, Polizzi y Polanco buscaron una OTEC para concretar la labor a realizar, concertándose con Matías Godoy para adquirir los derechos de la OTEC, Sociedad FRUMISAL LTDA, tercerizando con ello la ejecución del programa”.
Cabe señalar que si bien el convenio también estableció, entre otras cosas, que “para efectos de control y seguimiento de la ejecución del programa, se constituirá una Contraparte Técnica en el GORE del Biobío, quien tendrá por objeto velar por el correcto avance efectivo de las actividades del Programa”, cuya labor recayó en la funcionaria Tamara Vidal, de acuerdo a la querella del CDE, la funcionaria “no realizó la fiscalización que estaba llamada a cumplir para evitar la defraudación de los recursos fiscales, aun cuando estas irregularidades eran evidentes, y podía determinarse de la simple lectura de las rendiciones, que las actividades de capacitación no se estaban ejecutando”.
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