Editorial: 4 años del estallido social, una revolución que no ha logrado cambiar nada
Ya casi no nos acordamos, pero el gatillante del estallido social fue el alza de las tarifas en el transporte público.
Hace exactamente 4 años un día como hoy un grupo de estudiantes secundarios decidió sencillamente no acatar lo decretado y se saltó los torniquetes del metro en Santiago. La protesta tuvo eco en todo el país y a la región del Biobío llegó el sábado 19 de octubre al medio día con el inicio de protestas en las inmediaciones de la diagonal en Concepción y a pocas horas en distintos puntos de la capital regional.
El estallido social se extendió rápidamente a todo el país y ya el 23 de octubre del 2019 el gobierno del presidente Sebastián Piñera había decretado estado de emergencia nacional en 15 de las 16 capitales regionales.
No vamos a romantizar el estallido social. La violencia fue protagonista, los saqueos, la destrucción del mobiliario público, las barricadas, los peajes por bailar, tantas cosas que nunca debieron haber ocurrido, así como las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado que claramente no tuvo las herramientas para responder adecuadamente lo que sucedía.
Han pasado 4 años de estos sucesos, 4 años e increíblemente no hemos solucionado ni uno solo de los problemas que se denunciaron; Las pensiones de hambre, la inequidad social representada por sistema de educación y salud para ricos y otra de menor calidad para los pobres, los abusos de las grandes empresas y sus colusiones en contra de las personas naturales que ya son más consumidores que ciudadanos, todo bajo el amparo de una constitución desde siempre deslegitimada.
Nada hemos solucionado y no ha sido por falta de oportunidades, ya tuvimos una con el primer proceso constituyente y ahora agonizamos con la segunda posibilidad.
¿De quién es la responsabilidad por no haber solucionado esto? De la clase dirigente, ellos tienen el poder para hacer los cambios y ¿por qué no los hacen? muy sencillo porque no es funcional a sus intereses. Repartir la torta más equitativamente implica ceder poder en favor de los ciudadanos y eso aún parece estar muy lejos.
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