Derechos de niños, niñas y jóvenes con padres privados de libertad: Una brecha en Chile
El 30 de septiembre de 2011, el Comité de los Derechos del Niño dedicó un día de debates generales al tema de "Niños con Padres Encarcelados". Hoy, 12 años después de este hito, es imperativo reflexionar sobre cuánto hemos avanzado como sociedad en la comprensión de esta realidad que afecta a un número indeterminado de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestro país.
En Biobío y Ñuble la Corporación CATIM se encuentra ejecutando el programa "Abriendo Caminos", desde 2019, brindando acompañamiento a NNA con adultos significativos privados de libertad. Hasta la fecha, han apoyado a alrededor de 490 de ellos y ellas.
Uno de los problemas fundamentales es la falta de visibilidad de esta realidad. En la actualidad, ni nuestra región ni nuestro país cuentan con información fidedigna sobre el número total de NNA con padres o madres privadas de libertad en calidad de condenados (excluyendo a los adultos en calidad de imputados). Mientras que la sociedad civil habla de 17.450 NNA en esta situación, informes internacionales, tales como el de “Niñez que cuenta: El impacto de las políticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe”, sugieren que podrían ser hasta 59.000 en Chile. La ausencia de datos confiables en un país que tiene trayectoria de seriedad en datos estadísticos y oficiales nos refleja una falta de interés en abordar esta difícil realidad que vive la infancia.
Es importante destacar que la mayoría de la población privada de libertad en el país proviene de grupos sociales de bajos ingresos y comunidades con alta vulnerabilidad y exclusión social. Cuando los niños y niñas tienen a sus referentes de cuidado privado de libertad, su vulnerabilidad se agrava. Pueden enfrentar exclusión, riesgos de ruptura de relaciones familiares, y ser víctimas de conductas negligentes, estigmatización y discriminación, entre otros problemas.
El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a los Estados prestar especial atención al derecho de cada niño y niña a crecer con sus padres siempre que sea en su interés superior. También se destaca el derecho a la información sobre la situación de sus referentes en prisión, la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento y la reducción del uso de la institucionalización de los niños y niñas con referentes encarcelados.
Sin embargo, estas recomendaciones chocan con la realidad. Un ejemplo es el proyecto de la "Ley Sayén", que ha estado en el Congreso desde 2017 y que permitiría a las mujeres imputadas embarazadas o con hijos e hijas menores de 3 años, no cumplan su sentencia en un centro penal, accediendo a modalidades alternativas como la libertad vigilada intensiva. La falta de un protocolo que facilite las visitas protegidas de la población infantil a sus adultos significativos en los centros penitenciarios es otra deuda pendiente. Además, se carece de protocolos de contención y apoyo durante los allanamientos en presencia de niños y niñas, sin considerar la afectación emocional y psicológica que implica la separación forzosa de sus padres o figuras significativas.
A 12 años del primer pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño, la sociedad civil y el Estado deben avanzar para garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas con adultos significativos privados de libertad. Debemos asegurar su derecho a la familia, el derecho a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, el derecho a un desarrollo saludable y el derecho a no ser discriminados. Es hora de tomar medidas concretas y urgentes para mejorar la vida que merecen para un presente y un futuro más justo y equitativo.
