Caso Convenios: PDI vincula a diputada Catalina Pérez con posible delito de tráfico de influencias
La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculó a la diputada Catalina Pérez, suspendida actualmente de Revolución Democrática, en un posible tráfico de influencias en el caso de Democracia Viva.
Todo esto medio de las diligencias y proceso judicial por los tres millonarios contratos que celebró en Antofagasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con Democracia Viva, fundación vinculada militantes de RD, partido en el cual la parlamentaria militaba hasta que el Tribunal Supremo le suspendió su activismo debido al caso.
Antecedentes que datan desde 2021
El pasado 19 de julio, la PDI le envió a la fiscalía de la capital regional un documento de 60 con resultados de allanamientos, declaraciones de testigos y revisión de antecedentes.
Todos los relatos apuntan a que Contreras contrató “a dedo” a la fundación Democracia Viva, pero también a otras.
Méndez, además, señala que en 2021 el Serviu se adjudicó $5 mil millones para todos los Programas de Asentamientos Precarios, y que Contreras al enterarse de esto “invita a través de mail a participar en dicho programa, que hasta ese momento sólo era desarrollado por cuatro fundaciones elegidas por Serviu (Campamento Ideas, Techo para Chile, Urbanismo Social, DPR, que es la Delegación Presidencial Regional y Fusupo)”.
Por lo mismo, agregó: “Ignoro cómo fueron elegidas las fundaciones, los criterios que utilizaron; lo que sí sé, es que hay una resolución que el exseremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar. Fue el Serviu quien estableció que los $ 5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría”.
El foco sobre el brazo derecho de Contreras
La PDI, a partir de esas declaraciones, también puso el foco en Paz Fuica, concejala de RD por Antofagasta y brazo de derecho de Contreras. “La concejala de esta comuna Paz Fuica podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio”, se lee en el informe.
En ese sentido, también, la PDI advierte, “llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad”.
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