Delegación del Biobío denuncia en Fiscalía posibles delitos en programa Pro empleo del Biobío: Apuntan a RN
Una compleja denuncia se conoció en las últimas horas, la que involucra al programa Pro Empleo de la Delegación Presidencial Regional y a la actual directiva de Renovación Nacional en el Biobío.
De acuerdo a los antecedentes, se acusa un uso político de Pro Empleo por parte de militantes de RN, especialmente apuntan a la secretaria del programa, Claudia Riquelme, quien actualmente es tesorera de la directiva en el Distrito 43 y este sábado buscará ser vicepresidenta en la lista que encabeza Robert Contreras. Ya que ella lograba que quienes ingresaban al programa, también ficharan por la tienda.
Según se conoció en la denuncia, el modus operandi relaciona a Riquelme con el anterior coordinador del programa, Mauricio Fuentes, quienes realizaron “una inscripción masiva de beneficiarios en el padrón de Renovación Nacional, con la clara finalidad de aumentar el padrón de militantes de esta colectividad, y brindar triunfos electorales del Sr. Claudio Eguiluz R., en la región”, se lee en la misiva que llegó tanto a la Seremi del Trabajo como a la Delegación Presidencial.
Se estima que serían cerca de 70 personas que participan en el programa Pro Empleo que habrían sido inscritos de manera irregular en RN, quienes participaban en grupos de whatsapp que eran administrados por Claudia Riquelme y existía participación de Eguiluz, en donde se daba instrucciones de las personas por quienes debían votar.
Antecedentes a Fiscalía
Los antecedentes llegaron a la Delegación Presidencial del Biobío la tarde del martes, lo que derivó en una serie de acciones.
La delegada Daniela Dresdner detalló que “la primera información que yo tengo es por correo la tarde del día martes, se trata de una situación grave, por lo que se inició un procedimiento disciplinario para levantar toda la información relativa al funcionamiento del programa Pro Empleo”.
Dresdner agregó que “algunas de las cosas que se denuncian, podrían ser constitutivos de delitos, derivamos los antecedentes al Ministerio Público, ya que obligar a una persona a inscribirse en un partido político para condicionar el acceso a un servicio puede ser un delito”.
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