Recurren a Contraloría por nuevos antecedentes sobre el Caso Convenios en el Gore Biobío
Fundaciones cuyos directivos tienen nexos con el jefe de División de Desarrollo Social y Humano, área que se encarga de la vinculación con los fondos de programas sociales y funcionarios del Gore Biobío, cuyos sueldos son pagados por fundaciones son parte de los nuevos detalles conocidos en las últimas horas.
Y es que un reportaje de T13, reveló los vínculos entre el jefe del área, Simón Acuña, con los directivos de la Corporación Impulsa y Fundación Educación Financiera. Ambas entidades se adjudicaron proyectos por un total de $760 millones desde el Gore Biobío, los que se encuentran actualmente en ejecución.
A lo anterior, se suma que tres funcionarias de la entidad gubernamental percibían sus remuneraciones desde estas corporaciones, a pesar de desempeñar sus funciones en dependencias del Gore.
Ante esto, consejeros regionales recurrieron a la Contraloría para que pueda existir un pronunciamiento sobre esta situación. De acuerdo a Gabriel Torres, “todo es irregular, desde la forma en cómo se entregan estos dineros para un fin determinado que se debe investigar. Existe una triangulación de recursos entre los directivos de estas fundaciones y los funcionarios del Gore”.
Mientras que su par Piero Blas acusó que existe secretismo por parte del gobernador, ya que “hemos reiterado el gobernador y a su equipo acceder a la información que se ha entregado a la Fiscalía, y ellos se han negado”.
Contratadas
Desde el Gobierno Regional se defienden ante estos nuevos antecedentes y sostienen que estas funcionarias pertenecen a la institución desde el 1° de julio.
El gobernador Rodrigo Díaz comentó que “corresponde a antecedentes que fueron remitidos a la Fiscalía el pasado 20 de julio, y se refiere a personas que, a raíz de los incendios fueron contratadas para implementar un programa de voluntariado que existía. Esas personas no tuvieron dependencia por parte de nosotros y terminaron su función el pasado 30 de junio”.
La autoridad agregó que “el 1° de julio, nosotros las contratamos, por lo que desde esa fecha ya no prestan funciones en esas instituciones”.
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