Nexos familiares no declarados y pagos a directivos de fundaciones con fondos del GORE Biobío en la mira: Piden a Contraloría se pronuncie
Un requerimiento fue presentado a la Contraloría Nacional por los abogados Miguel Ángel Reyes y Katherine Figueroa Aillañir, en representación de Tamara Vidal, funcionaria denunciada por presuntos delitos de corrupción en el Gobierno Regional del Biobío -GORE-, para que el organismo se pronuncie ante eventuales hechos que faltarían a la probidad administrativa en la adjudicación y ejecución de proyectos financiados por el organismo estatal.
En particular, se da cuenta de eventuales infracciones de parte de Simón Acuña Medina, jefe de la división de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional por no informar a su superior jerárquico el vínculo conyugal con una profesional, que luego que él asumiera el cargo directivo, ingresara a trabajar al menos a dos programas financiados por el GORE.
Las iniciativas son ejecutadas por el Instituto Regional de Administración de Empresas del Biobío, Irade.
Uno es el proyecto SUMA enfocado en la “Capacitación para la Innovación de Jóvenes Talentos y Vinculación de Industrias”. Dicha iniciativa está financiada con 994 millones de pesos, aprobada por el pleno del Core Biobío. La tramitación ocurre antes de la llegada de Acuña al cargo, en marzo de 2022.
El otro programa, al cual presta servicios la cónyuge del directivo y ejecuta IRADE con fondos del Gobierno Regional, es el Programa de Transferencia de Capacitación y Promoción del Emprendimiento y Manufactura. La iniciativa es por asignación directa, por un monto de 185 millones de pesos, aprobados en junio de 2022. A esa fecha Acuña ya se encontraba cumpliendo funciones en el cargo.
La prestación de servicios comenzó en agosto de 2022, extendida al menos hasta abril del 2023.
Pese a que su tramitación interna no pasa por su división, al tener cargo directivo, existiría obligación de informar para salvaguardar el eventual conflicto de interés, de acuerdo a lo contenido en el artículo 55, letra G y 78 letra B de la ley 18.834 de Estatuto Administrativo “que regula la obligación de los funcionarios de observar estrictamente el principio de probidad administrativa”.
Se solicitó formalmente una versión al Gobierno Regional del Biobío y pese a comprometerse inicialmente, a posterior, desistió. De igual manera, consultado IRADE no respondieron a la solicitud.
Proyecto de Fundación Antonia
Otro cuestionamiento planteado es sobre dos programas por asignación directa desde el GORE Biobío a la Fundación Antonia. Todo por un valor de 560 millones de pesos en total. Dicho organismo cumple la loable labor trabajar con sobrevivientes de violencia de género.
En julio de 2022, ingresó a trabajar en comisión de servicio desde el Ministerio de Desarrollo Social, Camila Hermosilla, a posterior, nombrada encargada de la Unida de Género, dependiente de la División de Desarrollo Social que dirige Acuña.
Un mes después, en agosto de ese año, se inició la presentación de los antecedentes que culminó con la aprobación de los convenios en diciembre de 2022.
Lo ocurrido entraría en conflicto a consecuencia que la presidenta y representante legal de la Fundación Antonia es María Consuelo Hermosilla, tía directa de la recién asumida encargada de la Unidad de Género del GORE Biobío, por ello se solicita la calificación a Contraloría.
Para efectos de cumplimiento del principio de probidad, la ley señala que habría conflicto de interés hasta el tercer grado de consanguinidad. Por ello se pide a la Contraloría que califique el cargo y nivel jerárquico de la funcionaria señalada.
Sobre el caso en particular de Fundación Antonia, se solicitó a la institución una versión, y pese a que se comprometió una versión inicial, a posterior se desistió. Lo mismo sobre este caso ocurrió con el Gobierno Regional del Biobío.
Pagos a directivos con fondos de convenios GORE Biobío
La solicitud pide a la Contraloría que se pronuncie respecto de la legalidad de que directivos de las fundaciones, corporaciones y ONG sin fines de lucro, se les paguen emolumentos con cargo a rendición de fondos obtenidos de instituciones públicas, en particular del GORE Biobío.
Según el manual de revisión de las rendiciones de cuentas financieras de las transferencias de capital, vigente a la adjudicación al momento de la adjudicación de los fondos, el subtítulo 33 del FNDR, Res. Ex. 3330 / 31 dic. 2019, señala en el punto 10.5: "No serán financiados pagos de honorarios a directivos de la entidad ejecutora".
En el caso de la ONG Cultivarte, cuestionada por la presunta intervención del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en la asignación de recursos de manera directa desde el Gore y por el cual la Fiscalía abrió investigación de oficio, su cuñada, presidenta y representante legal se paga honorarios rendidos con cargo al proyecto por 1,5 millones mensuales.
Mientras que en el caso de Fundación Antonia, la presidenta y representante legal, María Consuelo Hermosilla, rinde a pago 2,5 millones de pesos mensuales.
Por este caso en cuestión el Gobierno Regional del Biobío también declinó a entregar una declaración.
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