“Todo se debe investigar”: Parlamentarios del Biobío tras nexo entre fundación que obtuvo trato directo en el Serviu y autoridades de gobierno

Diversas reacciones en el mundo político local generó el informe publicado por Sabes.cl sobre el trato directo que realizó el Serviu con la Fundación Urbanismo Social para asesorías legales a los afectados por los incendios forestales por un monto cercano a los $148 millones.

Y es que antes de llegar al Gobierno, la delegada presidencial Daniela Dresdner se desempeñó como encargada regional de proyectos en la entidad, mientras que su ex jefe de gabinete y ahora encargado regional de campamentos en el Serviu, Vicente Guzmán fue director regional de la organización.

Uno de los que se refirió a estos hechos fue gobernador Rodrigo Díaz, quien puntualizó que “las personas tienen derecho a trabajar, y si las personas han cumplido con lo que les corresponde, tienen separación entre lo que obraron en su vida particular y su actual labor, yo no veo ningún problema. Distinto es lo que ocurre en Antofagasta, que es algo bastante nebuloso”.

Desde RD en la zona, tienda en la que milita la delegada Daniela Dresdner, emitieron un comunicado en donde respaldan el actuar de "probidad y transparencia" ante estas denuncias, y de paso, cuestionaron el "oportunismo político" del diputado Sergio Bobadilla.

Destino de los recursos

Entre el mundo parlamentario también hubo menciones a la situación que involucra este hecho.

El senador Gastón Saavedra abogó por que “se aplique todo el rigor de la ley, sancionar todas las faltas administrativas y asumir las responsabilidades políticas. Aquí la probidad no debe estar en cuestión. Ante cualquier duda, se deben realizar los sumarios respectivos y no pueden existir dudas”.

El jefe de bancada de la DC, Eric Aedo comparó esta situación el añoso MOP-Gate, ya que “estas fundaciones “Democracia muy viva” y esta organización me hace sentir frente a un caso parecido al MOP-Gate, con un modelo de defraudación al Fisco en distintas regiones con un similar modus operandi estas fundaciones han recibido dineros para actividades que nadie conoce”.

Mientras que la diputada María Candelaria Acevedo (PC) pidió esperar las investigaciones judiciales, puesto que “ellos deberán determinar las irregularidades, pero el minuto, al parecer si lo hay. Debemos cambiar la forma de fiscalizar porque no sabemos para donde van las platas y ahí deberíamos ver alguna ley para concretar cambios”.

Su par Clara Sagardía apuntó a que “son cuestionamientos ficticios, el tema es si los recursos están siendo bien o mal utilizados”.

Duda posible

En la oposición, los dardos apuntaron a la delegada Daniela Dresdner y la relación que mantuvo con esta fundación.

Ante esto, la subjefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, indicó que “estamos frente a una operación de activismo político que se repite en todas las regiones, hay varios de estos actos que son por trato directo, por lo que surge la incredulidad para el desvió de fondos para el uso político”.

Mientras que su par Sergio Bobadilla dijo que “a nosotros nos asiste la duda de una posible existencia de un posible tráfico de influencias, y estamos en el legítimo derecho de ejercer nuestra labor parlamentaria de fiscalización. Aquí, el que nada hace, nada teme”.

A la vez que la diputada Karen Medina (PdG) consideró que “habrá que fiscalizar en todas las regiones, ya que es una figura que se repite. Habrá que determinar quienes hacen bien la pega y quienes están abusando y despilfarrando los fondos públicos”.

Leonidas Romero (IND) cree que “existe una sumatoria de antecedentes entre todos los hechos, y ahora vemos que los representantes del Frente Amplio guardan silencio ante este tipo de situaciones”.  

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