“Utensilios que no eran de gran importancia”: Critican a Galli por bajar perfil a amenazas contra fiscal Chong
Los gremios del Biobío condenaron la explosión que afectó al Puente Ferroviario sobre el río Itata, en la comuna de Ránquil, Región del Ñuble y solicitaron al Gobierno que se refuercen las medidas de prevención, seguridad y que se aplique la Ley Antiterrorista.
Desde CPC Biobío señalaron que "como multigremial consideramos de la mayor gravedad que hechos como estos atenten contra la infraestructura crítica, afectando la conectividad de las regiones. Este tipo de acciones terroristas, van justamente en contra del desarrollo de nuestra región, pero especialmente van en contra de la seguridad de los trabajadores, de los emprendedores y afectan las certezas para quienes hacen empresa nuestra zona".
En esa línea, apuntaron que este tipo de hechos afectan a miles de familias, trabajadores, emprendedores y empresarios del Biobío. Asimismo, señalaron que "nos vemos enfrentados a organizaciones que sólo buscan atemorizar a la ciudadanía con acciones violentas y desde el Gobierno no se visualizan respuestas efectivas de prevención y de seguridad".
Por ello, hicieron un llamado al Presidente Gabriel Boric y al Ministerio del Interior para "gestionar respuestas efectivas de prevención y seguridad. El Gobierno debe realizar todos los esfuerzos para reestablecer a la brevedad el Estado de Derecho en el Biobío y generar acciones con mayor efectividad, ya que nos enfrentamos a organizaciones terroristas que sólo buscan amedrentar a la ciudadanía con acciones violentas que son inaceptables".
Opinión similar tuvo AGOP, sin embargo, enfatizaron en la urgencia que debe poner el Gobierno ante estas acciones. "Pese a la negativa del Gobierno de invocar la Ley Antiterrorista en la presentación de sus querellas, los gremios y organizaciones productivas que integran AGOP, invitan a las autoridades a replantearse esta determinación".
"Los atentados que se han registrado esta semana, hablan de una estrategia organizada para infundir temor e impedir los desplazamientos por las rutas férreas y terrestres de nuestra región, afectando no sólo el desarrollo de los sectores productivos, sino que altera la vida de las comunidades, principales víctimas de una violencia rural que parece no dar tregua en la zona. Por tanto, es fundamental que se invoque la Ley Antiterrorista", sostuvo el gremio.
Asimismo, recalcaron la necesidad de endurecer las penas contra quienes resulten responsables de estos hechos que afectan a la población.
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