Regiones más fuertes
El pasado 15 de mayo, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto de ley sobre "financiamiento regional, descentralización y responsabilidad fiscal regional". Frente al accidentado proceso de transferencia de competencias, el gobierno ha maniobrado en un sentido distinto, ofreciendo un conjunto de dispositivos para profundizar la agenda de descentralización.
El PDL se estructura sobre tres ejes: fuentes de ingreso, flexibilidad presupuestaria y responsabilidad y disciplina fiscal. Respecto al primer eje, se destacan los cambios en el polinomio de distribución del FNDR (a través de un reglamento). También se propone la creación de concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, así como la creación de un Fondo de Equidad Territorial (similar al Fondo Común Municipal).
El segundo eje plantea la creación de un régimen financiero propio. Se propone migrar desde la "partida presupuestaria" (DIPRES) a "Transferencias del Tesoro". De esta manera, el Congreso (ahora) solo revisaría el monto global de las partidas, las cuales ahora se votarán en el CORE.
El tercer y último eje plantea la creación de una regla fiscal regional. Se propone la obligación de diseñar una programación financiera de mediano plazo. Además, se plantea la apertura de la posibilidad de invertir saldos de caja en bienes de capital (como depósitos a plazo) y de generar endeudamiento hasta por un 5% del FNDR para gastos específicos como infraestructura.
Estos anuncios, en su conjunto, representan un avance significativo en materia de fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. Abren una etapa de políticas de segunda generación en materia de descentralización. Sin embargo, queda la duda de si las medidas sobre transparencia y rendición de cuentas serán suficientes. La corrupción y las faltas a la probidad son un problema que afecta la sostenibilidad y la legitimidad de las instituciones. Un ejemplo cercano es el caso de los gobiernos federales en Argentina.
Quizás sea un buen momento para pensar en la creación de una Contraloría dedicada exclusivamente a la fiscalización de los gobiernos subnacionales (Gobierno Regional y Municipios). Esto asumiendo que la carga de trabajo para Contraloría General es ampliamente sobrepasada. Cualquier inversión en mayores mecanismos de control será retribuida. El Foro Económico Mundial calcula el costo de la corrupción en hasta un 5% del PIB en algunos países.
Por otro lado, es razonable pensar en modernizar el Sistema Nacional de Inversiones. Esto implica simplificar algunos procedimientos técnicos que faciliten la ejecución de obras prioritarias y urgentes. Esta tarea podría ser liderada por los Gobiernos Regionales en coordinación con los municipios. Muchas veces, los municipios terminan subejecutando gastos asignados debido a la falta de profesionales para el diseño y desarrollo de proyectos de inversión.
Finalmente, es importante que el Gobierno evalúe el éxito de políticas como los "planes de rezago" y, particularmente, del proceso de transferencia de competencias. Desde su habilitación en 2022 para solicitudes al nivel central, este proceso ha mostrado un comportamiento asimétrico y más bien pobre. Actualmente, solo 5 competencias se debaten y varias respuestas han sido negativas por parte de los GORE. Es de esperar que la discusión de este proyecto de ley permita abrir un debate más amplio sobre la modernización del estado y el desarrollo de lo subnacional.
