El lapidario diagnóstico de Tribunales sobre Mejor Niñez en el Biobío

Duros antecedentes del actuar que ha mantenido el Servicio de Mejor Niñez en la Región del Biobío entregó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas.

Fue durante la sesión especial de la Comisión de Desarrollo Social que se realizó en el Salón Mural del Gobierno Regional del Biobío, donde la magistrada entregó un lapidario diagnóstico del trabajo que realiza la entidad en la zona.

“A la fecha, los Tribunales de Familia han decretado 11.711 medidas de protección, de estos, existen 2.912 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en lista de espera. Pero lo que a mi juicio es más dramático, ya que 880 ni siquiera han sido ingresados a los programas de reparación. Estamos hablando de niños que han sido gravemente vulnerados. La espera para ingresar a estos programas es mayor a 90 días y eso va en aumento”, sostuvo la magistrada.

Otro cuestionamiento que hizo Rivas, apuntó a los programas en sí, ya que el año pasado se concretó una licitación de ellos, pero fue revocada en medio de su implementación. “El Servicio informó a los Tribunales de Familia que debían retirar a los niños de los antiguos programas y trasladarlos a los nuevos, que comenzarían en noviembre. Esto complicó a los niños, que ya habían generado confianza con los profesionales, pero, y esto es lo que duele, la licitación queda sin efecto y se le dice a los jueces que se retoman los antiguos programas”, dijo.

Y agregó que “varios de los profesionales que participaban de ellos fueron despedidos y no se ha retomado esa capacidad”.

Residencias

Si la situación que se vive con los programas de reparación es considerada como grave, lo que ocurre con las residencias de la institución en la zona, es igual de grave.

De acuerdo a la ministra Rivas, “hace 4 años atrás, existían 38 residencias, hoy día contamos con 31. Y esta menor cifra no es porque se hayan cerrado a raíz del egreso de los niños, sino porque en ellos han existido graves vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos delitos graves de prostitución, abuso sexual, entre otros”.

Y complementó con que  “en la Región no hay residencia para madres adolescentes, tampoco hay una residencia para niños con necesidades especiales. En Concepción hay una residencia para niños menores de 6 años y está en vías de cierre, el Hogar Arrullo, los otros hogares están en Los Ángeles y muchas veces los padres deben viajar hasta allá”.

“En 2019, niños con necesidades especiales tuvieron que ser trasladados a Chillán y Temuco, y cómo se puede hacer reparación con este nivel de distancia. A esto sumamos, los problemas que hay con las familias de acogida, que no existe una correcta difusión de ella”, aseveró.

Castellón

Para la representante del Poder Judicial, lo ocurrido en la Residencia Castellón, es un ejemplo de la gravedad de lo que ocurre en la zona con el sistema.

Carola Rivas expresó que “para nosotros es grave que los adolescentes hayan sido trasladados sin ninguna autorización a una residencial en Tomé, supimos también que estuvieron en unas cabañas y el juez a cargo me informa que Mejor Niñez no le contesta los oficios sobre el estado de los adolescentes”.

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