Concepción y Talcahuano deberán deshacer convenios firmados con la ONU tras fallo de Contraloría
La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó a favor de la denuncia presentada en abril de este año por el diputado Roberto Arroyo (PDG). El parlamentario denunció "vínculos irregulares" entre la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y 10 municipios del país, además del Gobierno Regional de Magallanes.
De acuerdo con los antecedentes, los alcaldes que suscribieron al convenio pertenecen a los municipios de Concepción; Talcahuano; Estación Central; Valparaíso; Arica; Recoleta; Santiago; La Pintana; Ñuñoa y Puerto Natales; además del gobierno regional magallánico.
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El diputado Arroyo sostuvo que "ellos cometieron un acto ilegal, porque sobrepasaron sus atribuciones, que son exclusivas del Presidente y del Ministro de Relaciones Exteriores". Ahora, dijo, "deberán retrotraer lo que obraron a través de Ciudades Solidarias".
Ciudades Solidarias sería el programa que permite beneficios a los inmigrantes ilegales que ingresan en calidad de refugiados al país.
"Lo dije en su momento, para mí era la forma de legalizar la inmigración ilegal que en el norte se denuncia y que en el resto del país sufrimos sus efectos", sostuvo el parlamentario del PDG de la Región del Biobío.
"Yo no estoy en contra de la inmigración, sino de la inmigración ilegal con carácter de refugiado, y como en este caso, permite que cualquier persona pueda ingresar al país, siendo considerada más vulnerable que el más vulnerable de los chilenos, pudiendo acceder así a todos los beneficios del Estado. Lo que parece una injusticia", agregó.
Reacción de municipios de Concepción y Talcahuano
Al respecto, el Administrador Municipal de Concepción, Adolfo Muñoz Estrada, señaló que la Municipalidad no ha sido notificada desde la Contraloría; no obstante, una vez que se remitan los antecedentes se estudiará y se responderá en conformidad a la normativa vigente, independiente del carácter autónomo de un Municipio.
En relación al documento suscrito con ACNUR, precisó que es un convenio marco de colaboración que se encuadra en tratados internacionales ratificados por el estado de Chile.
“El municipio se ha hecho cargo de una situación concreta que afecta a personas migrantes que viven en la comuna y este convenio únicamente ha establecido una coordinación para canalizar asistencia a esas personas desde organismos socios de ACNUR y no ha involucrado recursos municipales”, dijo Muñoz.
En tanto, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, se mostró preocupado por lo que considera un desconocimiento de los parlamentarios respecto al Derecho Internacional. "El Derecho Internacional hoy día permite las modalidades de relaciones diplomáticas y también las relaciones paradiplomáticas, es decir, aquellas que desarrollan órganos descentralizados o autónomos del Estado, como pueden ser las municipalidades, en materia de desarrollo comunal", sostuvo el Jefe Comunal.
"Creo que acá hay un desconocimiento profundo de la ley. Acá estamos hablando solo de una vinculación de colaboración para poder entender que el proceso migratorio hoy día está en nuestro país y no podemos ocultarlo (...) Yo creo que hay que tener un poquito más de visión, de amplitud, no ser etnocentristas. Es importante que aterricen a la realidad. Estas acciones no vienen a mejorar las condiciones de igualdad ante la ley, que están garantizadas en los Derechos Humanos", cerró Campos.
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