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Familiares de reclusos de una prisión de Ecuador, donde al menos 15 personas murieron y 21 resultaron heridas en un motín la víspera, buscaban el martes desesperadamente respuestas, preguntándose si sus seres queridos estaban entre los muertos.

La cárcel de Cotopaxi, una de las más grandes del país andino, permanece con un fuerte resguardo militar en sus exteriores y las autoridades aseguraron la noche del lunes que habían retomado el control de la prisión.

El motín del lunes es el último incidente de una reciente racha de violencia en el sistema penitenciario de Ecuador, que según el Gobierno se debe a las luchas internas entre pandillas por el territorio y las rutas del tráfico de drogas.

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Inés Iguasni, ama de casa de 33 años, exigió saber qué pasó con su esposo, quien dijo que sería liberado el día del motín.

"Estoy desde ayer, dieron la noticia de esta balacera, desde ahí ya no escucho nada", dijo Iguasni en medio de lágrimas y gritos de otros familiares. "Por qué entra tanto armamento (a la cárcel) si nos rebuscan todo".

"Tenemos el temor que siga pasando algo ahí adentro", dijo.

Al menos 316 presos murieron durante motines en varias cárceles de Ecuador el año pasado, según datos oficiales.

DD.HH de los presos

El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo a una radio local que para controlar el hecho movilizaron a unos 350 policías, quienes lograron ingresar a los pabellones de la prisión haciendo uso progresivo de la fuerza.

Otros 250 militares permanecían en los exteriores de la prisión, aseguró.

"Es muy difícil el tema de cárceles por la cantidad de bandas que están y el formato de cárceles que hay", indicó Zapata.

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Las autoridades dijeron que entre los muertos puede estar Leandro Norero, el acusado en un controvertido caso de lavado de dinero que estaba a la espera de juicio. Los fiscales dijeron que estaban trabajando para identificar los cuerpos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el sistema penitenciario de Ecuador está afectado por el abandono del Estado y la ausencia de una política integral, así como por las malas condiciones de los reclusos.

Las cárceles del país albergan a unas 33.500 personas y superan en un 11,3% su capacidad máxima, según cifras oficiales.

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