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Este viernes se reanudaron los alegatos de apertura del juicio oral en contra de los seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), imputados por la Fiscalía del Biobío, por su responsabilidad en dos episodios de contaminación medioambiental en las bahías de Talcahuano, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

Se trata de Edmundo Piraíno, gerente de ENAP, Refinerías Aconcagua; Alvaro Hillerns, gerente de ENAP Refinerías Biobío; Patricia Cabalá, jefa del departamento de operaciones de ENAP Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes, jefe del terminal marítimo Quintero ENAP Refinerías Aconcagua; Jorge Farías, jefe del área marítima de ENAP Refinerías Biobío, y Carlos Lizana, jefe del área terrestre del terminal marítimo Quintero ENAP Refinerías Aconcagua.

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Nube tóxica en bahías de Talcahuano, Quintero y Puchuncaví

Se les acusa por la nube tóxica producida por crudo iraní que habría derivado en emergencias ambientales generadas el 4 y 21 de agosto de 2018, en Talcahuano y Quintero, respectivamente.

El Ministerio Público los acusa por la infracción al artículo 291 del Código Penal, que establece que quienes propaguen indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden y que puedan poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población.

La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía del Biobío es la que está a cargo de la investigación, por la que los seis ejecutivos de ENAP están con firma mensual y arraigo nacional desde noviembre de 2018 cuando se realizó su formalización.

Ana María Aldana, fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de la Región del Biobío, indicó que están absolutamente convencidos de que los hechos ocurrieron como el Ministerio Público lo detalló en la acusación.

"Respecto de los acusados fue una decisión de la Fiscalía al conocer la naturaleza de los hechos (...) Esto porque entendemos que las decisiones no siempre pasan por quién ejecuta en el último eslabón de la cadena la acción. En su gran mayoría son personas que cumplen órdenes, que cumplen instrucciones; y que en este caso además, con un importante número de trabajadores tampoco tenían todos los antecedentes del caso", sostuvo la persecutora.

"En ese caso se omitió información"

"Otra situación que llama la atención y que lo señalé en el alegato de apertura, en este caso se omitió información o derechamente fueron documentos adulterados para obtener permisos de una autoridad pública, que es la Autoridad Marítima", agregó la Fiscal.

La fiscal Aldana enfatizó que investigaron todo, abordaron todas las aristas y antecedentes recabados por otros entes fiscalizadores, como Seremi de Salud; Superintendencia de Medio Ambiente; Ministerio de Medio Ambiente, entre otros.

"En el caso de las personas de la Región del Biobío, estamos solicitando 4 años de presidio medio en su grado máximo; en el caso de las personas de Quintero estamos invocando dos delitos distintos y ahí estamos pidiendo una pena de 5 años para cada uno de ellos", precisó la persecutora.

Por su parte, Remberto Valdés, abogado querellante de más de 1.400 habitantes afectados por la emanación de gases tóxicos en las zonas de Concepción, Quintero y Puchuncaví en 2018, afirmó que "el hecho de sostener esta acción criminal a partir de la quinta querella y haber llegado acá (al juicio) en una lucha de David contra Goliat es tremendamente honroso para nosotros y ya constituye un triunfo".

Valdés arguyó que luego de los seis meses en los que se proyecta el juicio, "vamos a tener condenas ejemplares, y vamos a bregar para que los tres imputados del caso Quintero y Puchuncaví cumplan una pena efectiva de cinco años de cárcel".

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