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Este jueves 8 de septiembre comenzó el juicio oral contra seis ejecutivos de ENAP por delitos relacionados con las emergencias ambientales ocurridas en las bahías de Talcahuano y Quintero-Puchuncaví. Los hechos del denominado "Caso Crudo Iraní" se remontan a agosto y septiembre de 2018. La investigación la lideró la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de la Región del Biobío.

Durante la primera etapa -estimada en dos semanas-, seis ejecutivos y trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) declararán en calidad de formalizados.

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Durante este periodo, asistieron de manera presencial a declarar Edmundo Piraino; Álvaro Hillerns; Juan Pablo Rhodes; Patricia Cabalá; Carlos Lizana y Jorge Farías. Además, el juicio contará con 284 testigos y 20 peritos, junto con 1.098 medios de prueba documental y 116 otros medios de prueba.

Las acusaciones del Ministerio Público tienen que ver con la descarga de crudo de origen iraní en la bahía de Concepción, como también con la infracción de las reglas de protección del medio ambiente y laborales al drenar el crudo denominado "iranian heavy".

Defensa de ENAP

Ante ello, ENAP centrará su defensa basándose, principalmente, en que realizó un único embarque y una operación de trasvasije de crudo (alije) la Bahía de Concepción, bajo todos los estándares internacionales para este tipo de carga de crudo, hecho que fue entre dos embarcaciones el día 4 de agosto de 2018.

Cristián Muga, abogado de la estatal, sostuvo que "la descarga en el Terminal San Vicente ocurrió el 5 de agosto de ese año; es decir, al día siguiente de las evacuaciones ocurridas en Concepción". Sostuvo además que "el trasvasije se efectuó utilizando un sistema completamente hermético, comunicado a las autoridades regionales y al personal de la Armada, siendo esta última la que supervisó y autorizó el proceso (...) Ni el personal de la estatal ni de la Armada, ni de la empresa naviera que participaron del alije sufrieron afectación alguna por el procedimiento".

El abogado explicó que el ácido sulfhídrico que contiene el crudo -sea el iraní o cualquier otro- "se neutraliza mediante procedimientos estándares realizados cotidianamente por profesionales especializados". "Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo; su crudo se vende en el mercado formal y lo compran los países desarrollados a diario", destacó.

Por otro lado, indicó Muga, "las instalaciones de ENAP están en condiciones de manejar y procesar cualquier clase de crudo". Asimismo, "sus trabajadores que están siendo investigados se desempeñan en el marco de una empresa pública estratégica que produce y refina los combustibles que consume el país; es decir, la compra de crudo es parte de su actividad habitual y diaria", justificó el jurista.

Reclama que "la única verdad en una investigación penal es una sentencia definitiva". "Antes de eso, solo existen versiones de los hechos. Ni las partes querellantes ni el Ministerio Público -por respetables que sean- tienen derecho a dar por establecidos hechos, juzgar y condenar públicamente, como ha sido la tónica en este caso", advirtió.

ENAP insiste en que Fiscalía tiene un sesgo

ENAP mantuvo la defensa de los trabajadores que están siendo investigados con la convicción de su inocencia y el apoyo legal.

De acuerdo con Muga, "las acusaciones en contra de la empresa tienen un sesgo, lo que impidió investigar sobre los verdaderos causantes de la contaminación en Quintero y Talcahuano". "En la propia carpeta investigativa se contienen antecedentes suficientes que permiten mostrar que la causalidad no tiene relación alguna con la descarga del crudo iraní", argumentó.

El jurista agregó que antes de la hipótesis de que fuese el crudo iraní el causante de los episodios de intoxicación, se manejaron otras tres posibilidades: que se tratara de azufre; de compuestos varios o de la limpieza de los estanques. Además, "después del 24 de agosto de 2018, cuando las operaciones de ENAP estaban detenidas; otras más de mil 300 personas acudieron a centros de salud con los mismos síntomas que previo a esa fecha", planteó.

"Nos parece que esa vinculación causal es completamente artificial; se ha construido por parte del Ministerio Público con un sesgo que intentaremos mostrar durante el transcurso de este juicio. Hay ciertos hechos que nos parecen que son simplemente indesmentibles a estas alturas de los hechos. El día 24 de agosto del año 2018, el Terminal Quintero paralizó completamente sus operaciones; desde ese día hasta hoy los eventos de contaminación exactamente idénticos han seguido ocurriendo de forma permanente", detalló.

"Cuando uno intenta buscar una relación causal no puede olvidarse de ese tipo de cosas; si nosotros hubiésemos sido los causantes de esos eventos de contaminación, ninguno de los elementos posteriores hubiera ocurrido y, sin embargo, vemos que incluso ocurrieron hasta la semana pasada", agregó Muga.

Tesis de la defensa de ENAP

Cristián Muga, abogado de la estatal, dijo que "lo que intentaremos demostrar en este juicio, que hemos hablado con mucha responsabilidad, sobre el sesgo del Ministerio Público en esta causa. Sesgo significa concentrarse solamente en una tesis de investigación y descartar cualquier otra sin haberla indagado previamente. Nosotros durante la investigación entregamos evidencia acerca de lo que estaba ocurriendo respecto a las emisiones de SO2 (dióxido de azufre) en Quintero".

El dióxido de azufre estaba manteniendo peaks de emisiones que eran absolutamente consecuentes con los episodios de contaminación que se habían investigado en todo agosto del año 2018, arguyó el abogado defensor.

"No obstante, haber entregado esos registros de SO2 el Ministerio Público decidió no investigarlo. Más que decir qué no se hizo o buscar una causa de la contaminación, que eso no es rol de la defensa, lo que nosotros podemos decir es que mientras a ENAP y sus actividades se les apuntó como el principal responsable de estos eventos de contaminación. De forma paralela, en los mismos días y horarios, se estaban registrando peaks de otros contaminantes que no fueron indagados en esta investigación. Eso es sesgo. Desconocemos de dónde provenían, pero claramente no fueron de ENAP", concluyó Muga.

Se espera que el total del juicio, con su desarrollo, cierre y veredicto, termine en diciembre de este año o bien, en enero de 2023 como máximo.

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