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El ataque con explosivos de un grupo armado ilegal dejó siete policías muertos y uno herido este viernes en el suroeste de Colombia. Se trata del primer asalto de gran impacto contra las Fuerzas Armadas desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder.

El hecho ocurrió en una zona rural del corregimiento de San Luis, en el departamento del Huila, cuando los atacantes activaron una carga explosiva al paso de un vehículo en el que se desplazaban los policías por una carretera, informó la Policía Nacional.

"Rechazo contundentemente el ataque", escribió Petro en su cuenta de Twitter sin responsabilizar a ningún grupo del atentado, agregando que "estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación".

Petro asumió como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia con la promesa de buscar una paz total que involucre a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las FARC y a bandas criminales implicadas en el narcotráfico.

En la zona tienen presencia disidentes de las FARC que se alejaron de un acuerdo de paz firmado en 2016, según fuentes militares y de la policía.

El mandatario anunció recientemente que busca una paz total que silencie los fusiles y ponga fin al derramamiento de sangre. La confrontación de casi seis décadas ha dejado al menos 450 mil muertos entre 1985 y el 2018, según cifras de una Comisión de la Verdad.

Vuelta a la lucha armada en Colombia

El acuerdo firmado con las FARC puso fin a la participación de esa guerrilla en el conflicto armado y permitió la reintegración a la vida civil de unos 13.000 integrantes del grupo rebelde que conformaron un partido político.

Pero antiguos comandantes y combatientes regresaron a la lucha armada con el argumento de que se traicionó el acuerdo. Sin embargo, fuentes de seguridad sostienen que el retorno obedeció a las millonarias ganancias que obtienen del narcotráfico y de la minería ilegal.

El Gobierno reveló recientemente que varios grupos ilegales armados, incluidas disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, anunciaron en misivas su intención de avanzar en un proceso de paz.

La iniciativa incluye una negociación política con los rebeldes y el sometimiento de las bandas criminales a cambio de beneficios jurídicos como rebajas de penas con la condición de entregar bienes adquiridos con dinero del tráfico de cocaína y la revelación de rutas del narcotráfico.

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