¡Insólito! Colegio con 700 alumnos sale a remate en Talcahuano: A los apoderados se les aseguró que no hay riesgo

Han pasado 12 años desde que el Presidente Sebastián Piñera afirmó que la educación era "un bien de consumo". La frase fue dicha en julio de 2011. El ex mandatario además afirmó que era necesario una interconexión con el mundo empresarial ya que la educación cumpliría un doble propósito.

A pesar del tiempo transcurrido la aseveración es recordada como una de las afirmaciones más complejas del primer mandato del Presidente. Empujó, de hecho, una profunda transformación en nuestro sistema educacional. Pese a ello aún siguen sucediendo noticias que despiertan al menos la preocupación de los avances que presenta nuestro sistema educacional.

Documento de remate del colegio incluye a los alumnos

El colegio Talcahuano es un establecimiento particular subvencionado, tiene 39 años de existencia. Hoy alberga aproximadamente 700 alumnos desde pre-básica hasta la enseñanza media.

En la web se reseña la visión del proyecto: "ser la mejor institución educativa de la comuna que forma estudiantes de alta calidad académica y humana, con una destacada formación artístico-musical, respetuosos de la diversidad y que se insertan propositivamente en la sociedad".

Por todo esto es que ha llamado profundamente la atención que saliera a remate la unidad económica educacional, incluyendo los terrenos donde está emplazado el colegio. El llamado incluso incorpora a los 668 alumnos, además de un detalle de las subvensiones.

Los apoderados: "Entendemos que este es el camino para disolver la Sociedad"

El llamado a remate despertó la natural preocupación de los apoderados, quienes recibieron a través de un mensaje vía WP una comunicación donde se explicaban las circunstancias del hecho.

Carla Oyarzún es Presidenta del Centro de Padres del colegio de Talcahuano. Contactada por Sabes.cl, explicó lo que desde su punto de vista sucede. "Antes habían 3 sostenederores a cargo de la Sociedad, uno de ellos se fue. Ahora él reclama su parte y por eso el colegio entró a un litigio. Es la separación de una Sociedad. A mí me llegó la información, empezamos a averiguar, nos hicimos asesorar con un estudio jurídico y también tuvimos reunión con el abogado del colegio", indicó.

"Nos asustamos al principio, pero ya tenemos mayor conocimiento y entendemos que esto debe suceder. Primero hubo una propuesta de remate. Ahora hay otra fecha que es el 20 de diciembre, pero no es fecha dictada por el tribunal, es una fecha que propone la contraparte. Si hubiese algún riesgo, no habrían podido pre-inscribir a los alumnos que ya tenemos, que son 650", agregó.

"No es que el colegio se vaya a a rematar en sí, lo que pasa es que para disolver la Sociedad hay que hacer esto. Claro, la palabra remate suena fuerte, pero no hay riesgo. El colegio nos asegura que el procedimiento judicial no afectaría a los alumnos", concluyó la Presidenta del Centro de Padres.

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La Superintendencia de Educación investiga

Por el tema se consultó a la Secretaria Regional Ministerial de Educación y se nos manifestó que estaban en conocimiento del procedimiento judicial, pero que no tienen nada que decir. pues es un asunto de privados. Además desde su punto de vista, los alumnos y su derecho a la educación no están en riesgo. Cuando ello ocurra ingresarán de inmediato al tema, aseguraron fuentes de la Seremi.

La Superintendencia, por su parte, a través de un comunicado público manifestó no solo estar al tanto de la situación, sino que se está investigando. "Tras la revisión de los antecedentes aportados, se detectaron presuntos incumplimientos a la normativa educacional, es por ello que la denuncia fue derivada a la unidad de fiscalización para iniciar un procedimiento", dijo.

En torno a las clases y los eventuales riesgos para los estudiantes, el organismo aseguró que "los sostenedores de establecimientos educacionales se encuentran obligados a garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo durante el año escolar".

Para finalizar, se confirma la investigación y se arroja luz sobre las eventuales sanciones si es que en este caso hubiesen incumplimientos. "Por lo anteriormente señalado, se investigará si el establecimiento se ajustó a lo dispuesto en la normativa educacional y en caso de incurrir en una eventual infracción, se iniciará un procedimiento administrativo, que podría resultar con sanciones que van desde multas en UTM hasta la inhabilidad del sostenedor", concluyó el comunicado.

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