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Esta mañana el comando del Apruebo en conjunto con movimientos sociales como Modatima y Constitución Ecológica inauguraron de forma simbólica las sedes regionales de la “Defensoría de la Naturaleza”, contemplada en la propuesta constitucional. Los actos se llevaron a cabo en distintas capitales regionales del país.

Según la propuesta de nueva Constitución, la entidad "tendrá como función la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile".

En ese sentido, Julieta Martínez, activista de 19 años, expresó que "estamos en un punto crítico en la historia. Nos quedan menos siete años para revertir los efectos de la crisis climática. Yo no estoy ni en la mitad de mi vida y nos dicen que estamos al borde del colapso, y eso que soy una de las más privilegiadas".

En la misma línea, la vocera del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) y exconvencional, Manuela Arroyo, resaltó que la propuesta de nueva Constitución "es la primera constitución ecológica de la historia".

"Hoy en Chile, si una persona ve afectados sus derechos ambientales, si una comunidad no tiene agua, no tiene derecho a tener un abogado que lo defienda y tiene que pagar mucho dinero (...) Esta nueva constitución asegura los derechos de la naturaleza, asegura el derecho humano al agua y crea una institucionalidad para defenderlos", afirmó Manuela Arroyo.

Asimismo, Pamela Poo, politóloga de la Universidad de Concepción, sostuvo que "la crisis climática es uno de los problemas más grandes que vamos a tener como humanidad.

"La nueva Constitución es una constitución del siglo XXI, del futuro, que puede iluminar incluso al resto del mundo con una solución institucional a la crisis ecológica", agregó Poo.

El texto de la propuesta constitucional también señala que la Defensoría tendrá dentro de sus atribuciones "fiscalizar a los órganos del Estado y a las entidades privadas", "tramitar y seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales", "promover la formación y educación en derechos ambientales y de la naturaleza", entre otras funciones.

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