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El 7 de enero enero de 2022 la Corporación de Asistencia Judicial -CAJ- Biobío decretó la desvinculación de 10 funcionarios, lo que gatilló un paro de actividades y afectación al servicio que esta unidad presta.

El pasado 8 de agosto de 2022 cinco de los diez funcionarios fueron reintegrados con avenimientos millonarios; tramitados judicialmente en causas laborales, visados por Consejo Directivo de la CAJ Biobío. Dicha instancia es presidida por la seremi de Justicia, Claudia Soto, los que al Fisco de Chile le cuestan 200 millones de pesos.

En el detalle, el Consejo aceptó un acuerdo de pagar los 7 meses de sueldo que los desvinculados y luego reintegrados, en rigor, no trabajados.

Cinco avenimientos millonarios

Los funcionarios de alto grado directivo reintegrados son Mauricio Vergara, Luis Núñez, Alejandro Rosales, Teresa Rodríguez y Sandra Bujes.

A todos ellos se les pagó un finiquito que incluyó una cifra común por años de servicio de 30 millones 711 mil 453 pesos. A eso se sumó el pago de sus feriados legales, los siete dias trabajados en enero y el mes de aviso previo.

En el caso de Vergara, el finiquito fue de 57 millones 821 mil 100 pesos. Ñúñez un total de 47 millones 312 mil 380 pesos. Rosales un total de 49 millones 133 mil 329 pesos. A Rodriguez la suma de 43 millones 944 mil 911 pesos y a Bujes 41 millones 122 mil 885 pesos.

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Tras un paro ejecutado en protesta a esta medida que lideró la Asociación de Funcionarios de la CAJ Biobío se negoció un avenimiento. A todos se les aplicó el mismo criterio; en base al total del finiquito recibido, se les computa a favor del despedido los 7 meses de sueldo -en que no trabajaron-, no tienen que devolver los feriados legales -montos que van desde los 7 a los 22 millones- y el remanente debe ser restituido. Con esto aceptado, los funcionarios además volvían a sus funciones en las mismas condiciones.

Así las cosas, Vergara tiene que devolver 2 millones 932 mil 11 pesos, por lo que su salida le significó 54 millones 889 mil 89 pesos a su favor. Núñez debe restituir 9 millones 619 mil 5 pesos por lo que a su favor hay 37 millones 693 mil 375 pesos. Para Rosales; el remanente a devolver es de 9 millones 272 mil 812 pesos, lo que significa que para él quedaron 39 millones 860 mil 517 pesos. En la misma lógica, a favor de Rodriguez quedaron 32 millones 629 mil 454 pesos y para Bujes 27 millones 411 mil 604 pesos.

A lo anterior se añade que todos vuelven a tener su trabajo.

Las justificaciones

Considerando que la regla general y jurisprudencia en este tipo de casos en que con fondos públicos involucrados el pago de sueldos por días no trabajados se ejecuta con resolución judicial y no avenimientos, el Consejo Directivo de la CAJ Biobío argumenta que los 200 millones de pesos pagados es el monto más bajo al que se podía llegar.

Julio Díaz de Arcaya Baro, director general (s) CAJ Biobío, explicó que “uno de los argumentos que se tuvo en cuenta al momento de arribar a estos avenimientos es que estando demandada la Corporación y siendo todo juicio un hecho incierto, de ganacia o pérdida, teniendo en consideración que eran juicios por tutela laboral, que llevaban aparejadas cifras de indemnización de perjuicio, se estimó del caso que las sumas que se pagaron y a las que se llegó a acuerdo que no debían ser devueltas por los trabajadores, eran consideradas razonables para resolver el conflicto”.

En síntesis, se arriba a la conclusión que si las causas laborales seguían, los montos a pagar podían ser más altos.

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Referente a montos que alcanzan, en un caso, los 22 millones de pesos acumulados en feriados legales de Arcaya explicó que “todo funcionario acumula sus feriados legales, hay un tope para eso, pero la Corporación de Asistencia Judicial cuando entramos en la etapa de pandemia dictó una resolución que señalaba que se podían acumular los feriados, entonces entiendo yo, sin conocer los días acumulados y las sumas por feriados legales acumulados, que esas sumas responden a los que no se habían tomado a ese minuto”.

Con la reincorporación de los funcionarios, todos de la AFUNCAJ Biobío, se desconoce, por ahora el futuro de los concursos públicos que se habían abierto para la reestructuración.

El director (s) sentenció que “los concursos fueron suspendidos en abril de este año y esperamos que volver a reiniciar los concursos, tenemos que elaborar una política de socialización del proceso de modernización, estamos en eso”.

En definitiva, una decisión mal tomada en su momento, le costó a 200 millones de pesos al Fisco y por eso no hay responsables administrativos, hasta ahora.

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