El Ministerio Público busca el permiso judicial para poder realizar una nueva diligencia por el Caso Tomás, correspondiente a una toma de torulado nasal a un vecino de Caripulun, el sector de Arauco en donde vivía el menor.

Se trata de una persona con sus facultades mentales alteradas, cercana a la familia del pequeño y que en un inicio había sido también investigada.

Para realizar aquella diligencia, se requiere de un curador ad litem o tutor que lo represente. Esto con el fin de que sea esa persona quien decida si autoriza que se le practique un examen. Dicha pericia será la toma de una muestra de ADN que será cotejada con otras evidencias relacionadas con el caso.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Arauco y la Defensoría Penal Pública acompañó a la persona interdicta.

Emmanuel Arredondo Hernandez, Defensor Penal Público Arauco, expresó que “se ordenó oficiar a la Defensoría Regional para que designe un defensor penal público. No compartimos lo resuelto el día de hoy por el tribunal”. Indicó que no les correspondería ejercer la curaduría ad litem, argumentando que “según la normativa vigente, a quien le corresponde este rol es a los abogados y a abogadas de la Corporación de Asistencia Judicial y a los defensores públicos, quienes son auxiliares de la administración de justicia. Particularmente, es para velar de una persona en situación de discapacidad contra quien se podrá o no ejecutar diligencias”.